Joel Sánchez Rodríguez
En las primeras horas del miércoles 13 de diciembre de 1979, hace 28 años, fue asesinado en Pachuca el periodista Alberto Rodríguez Torres, fundador de los periódicos semanarios Avance Gráfico y Eco, identificados hoy como “AVANZANDO en Hidalgo” y “Solución”.
El cuerpo de Beto como lo llamaban familiares y amigos, fue encontrado al atardecer de ese mismo día, había sido severamente golpeado y tirado en unos matorrales muy cerca de la Quinta San Lunes, perteneciente al municipio de Mineral de la Reforma.
Por la naturaleza de su trabajo y las condiciones en que aparentemente se había suscitado el homicidio, decenas de periódicos locales y nacionales se sumaron al reclamo a las autoridades para que se aclararan los hechos y se castigara a los responsables del crimen.
El Ministerio Público dio inicio a la averiguación previa número 2107/979 y las investigaciones fueron encabezadas por Jorge Bernal Cisneros y Alejandro Copca, director y subdirector de la Policía Judicial del Estado.
Se obtuvieron los primeros indicios y la opinión pública supo por una carta abierta firmada por 10 medios locales y un grupo de periodistas el 23 de diciembre de 1979, que Alberto Rodríguez realizaba una investigación de las condiciones infrahumanas en que eran explotadas las mujeres de la zona de tolerancia.
Así lo establecía el texto firmado entre otros por La Opinión del Estado de Hidalgo, Hoy en Hidalgo, La Extra, Avance Gráfico, Sucesos de Hidalgo, El Mundo Gráfico, El Imparcial y Contacto Directo, entre otros medios.
Las indagatorias tuvieron éxito, se realizaron detenciones incluso por decenas en la zona del crimen para recabar versiones y testimoniales y fue así como la Policía Judicial, dependiente del ministerio público, cuyo titular era el procurador general de justicia, Adalberto Chávez Bustos, logró la identificación y captura de Juan Manuel Núñez Montes de Oca, Raúl González Zamora y Jorge Paredes Flores, como responsables del crimen en agravio del periodista.
Los tres, policías preventivos en activo pertenecientes al grupo denominado “Servicios Especiales” de la Dirección de Seguridad Pública y Transito del Estado de Hidalgo, (DGSPyTE), quienes fueron presentados como los presuntos homicidas del periodista por el procurador, el director de Averiguaciones Previas, Juan Federico Fernández Ordóñez; el jefe de la Judicial, Jorge Bernal Cisneros y el titular de la DGSPyTEH, León Teutli Altamirano, para quien debe haber sido muy difícil ese acto, pues era el jefe directo de los policías homicidas.
Reunidos los elementos necesarios para presumir su responsabilidad de los uniformados, se ejerció acción penal contra los policías, se les consignó ante el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Pachuca, Tufik Habib Karam, quien inicio un largo proceso.
Junto con Juan Manuel Núñez Montes de Oca, Raúl González Zamora y Jorge Paredes Flores, quien es hermano de un dirigente de taxistas en Pachuca, igualmente fue consignado Froylán Trejo Barrera, “El Maguey”, como responsable de haber llevado el cuerpo hasta San Lunes.
Más tarde las indagatorias determinaron la participación en los hechos tanto del luchador profesional Antonio Villafuerte García, a “El Ave Negra” como de Rodolfo Hirschberg Flores, “El Hitler”, a quienes se les entabló proceso penal por encubrimiento, aceptando su responsabilidad en el homicidio.
Las autoridades mostraron disposición -algo pocas veces visto, sobretodo en los tiempos actuales-, para aclarar el homicidio del periodista, pero aclarada la muerte de Alberto Rodríguez Torres, recogidos los testimonios y realizadas inspecciones judiciales en el lugar del crimen, se obtuvieron las conclusiones acusatorias del Ministerio Público y las pruebas que incriminaban a los involucrados, según lo determinaron los peritos en criminalística de la Dirección General de Servicios Periciales dependiente de la procuraduría.
Con todos esos elementos, el Juez Tufik Habib Karam, posteriormente Magistrado del Tribunal Superior de Justicia hasta el año 2005 en que logró su jubilación, dictó sentencia condenatoria contra los policías homicidas.
Lamentablemente, la historia surgida por el homicidio de Alberto Rodríguez Torres no terminó ahí, con una sentencia basada en un expediente sustentado por infinidad de pruebas de cargo presentadas por el Ministerio Público y las recabadas por el Juzgado.
Encabezado por el ex-magistrado presidente del TSJEH y actualmente Notario Público, Jaime Daniel Baños Paz, -quien además fue diputado coordinador del Congreso y presidente del Consejo Consultivo Ciudadano-, el sistema judicial hidalguense mostró su ángulo imperfecto y corrupto y, con la sospechosa defensa que de los criminales que por casi dos años hicieron un pasquín y abogados particulares, pagados nunca se supo por quién, se permitió en segunda instancia que la sala penal del Poder Judicial dictara la absolución de los acusados en febrero de 1982.
De esa manera feneció el término para impugnar la resolución vía del amparo, y concluyó el proceso penal con la impunidad para los responsables del crimen.
A 28 años de ese hecho, preescrito el delito, con la averiguación previa y las indagatorias del MP en archivo definitivo, sería ingenuo reclamar justicia en el caso del periodista asesinado y bastante iluso esperar el castigo legal para los responsables y las autoridades cómplices.
Pero ante la ausencia de leyes, de moral en quienes debían aplicarlas y la impunidad en esta muerte, casi tres décadas después, el asunto no ha cedido paso al olvido, por ello estas líneas, para que hoy y en cada aniversario del homicidio, sea esta herramienta, la denuncia pública, el sustituto de la justicia que desde 1979 no llega para Alberto Rodríguez Torres.
RADAR POLÍTICO 
