RADAR POLÍTICO

31 enero, 2018

CINISMO TUZO

Joel Sánchez

San Agustín Tlaxiaca, Hgo.- Jesús Martínez Patiño, presidente del Grupo Pachuca, propietario del Club de Futbol de los tuzos del Pachuca, salió al paso de los señalamientos que en los últimos días hacen público en todo el país, la forma en la que él y sus socios se han enriquecido con multimillonarios donativos por parte del Gobierno del Estado de Hidalgo y negocios a costa del erario público.

Este día, en conferencia de prensa a la que convocó para fijar “la postura del grupo” en torno a lo que calificó como desinformación, reconoció que todo surge de un conflicto de intereses con Televisa: “estamos siendo atacados” –dijo- y precisó que es por las diferencias surgidas “por la licitación de los derechos de transmisión”, pero no desmintió nada en torno a los donativos.

“Nadie nos ha regalado nada, ni a mi, ni a mi familia, ni al grupo, ni a mis socios” –aseguró- pero contrariamente dio detalles de los donativos de predios en donde se ubica la Universidad de Futbol y de la Zona Plateada y dio a conocer puntos que no se sabían como es el hecho de que el comodato del inmueble donde se ubica el Museo del Futbol termina hasta el año 2035 y que el comodato del Estado Hidalgo que lo aprovechan como propio, es por 99 años. Y todavía afirmó “la infraestructura es del pueblo”.

Reconoció que el equipo le fue vendido a un precio de regalo de 1 millón de pesos, calificó a los terrenos que le regalaron en las zonas de mayor plusvalía del estado como “terrenos deserticos” que no valían nada y dijo que él los aceptó porque nadie los quería, pero no dejó de afirmar que es “un hombre agradecidísimo” y como tal agradeció a todos los ex-gobernadores que le regalaron o cedieron bienes uno tras otro, para consolidar su imperio económico.

Agradeció a su afición y a quienes como los 120 mil visitantes que al año acuden al Museo del Futbol, contribuyen al incremento de sus ingresos.

30 enero, 2018

RESOLUCIÓN DE UNA JUEZ, PELIGROSA PARA EL TRABAJO PERIODÍSTICO

 

 

Joel Sánchez Rodríguez

@JoelSanRadar

 

Aunque para algunos no lo parezca así, la actuación que la juez en materia penal Sissi Anette Rodríguez Fernández ha tenido dentro del proceso que por el delito de “difamación” se le sigue al ciudadano Leonardo García Vázquez en Pachuca, representa una agresión a la libertad de expresión y un peligro para el trabajo periodístico.

La historia es del dominio público, el ciudadano adquirió una vivienda edificada por la empresa constructora Sylma, inmueble que resultó sin servicios de calidad, con fallas estructurales y vicios ocultos, por lo que García Vázquez se inconformó, pero al no encontrar respuesta por parte de la firma, decidió recurrir ante un medio de comunicación a manifestar su inconformidad, haciéndose pública a través de una nota informativa publicada en un diario local el 8 de noviembre del 2016.

La Juez, en un hecho inaudito, decidió el 15 de enero del 2018, vincular a Leonardo García a proceso penal, por el delito de difamación, al considerar en una errónea interpretación, que el ciudadano al hacer pública su inconformidad, pretendió “hacerse justicia por su propia mano, al utilizar de manera indebida a los medios de comunicación”.

Con su pronunciamiento, la Juez agrede a la libertad de expresión, pues indica que ningún ciudadano, ni Leonardo García ni ningún otro, tienen derecho a acudir ante un medio de comunicación, sin previamente agotar las instancias legales, aunque –como en este caso- se sienta defraudado por una empresa constructora que como Sylma, exhibe su impunidad y muestra su poderío, a grado tal que doblega a sus intereses a quien en este asunto representa al Poder Judicial, que es Sissi Anette Rodríguez Fernández.

Y ese actuar también representa un peligro para el trabajo periodístico, porque al pretender coartar la libertad de expresión de los ciudadanos, inhibe la posibilidad de que otros que se encuentren en una situación como la de Leonardo García, intenten acudir ante un medio de comunicación si sufren algún daño patrimonial, porque correrían el riesgo de que la juez Sissi Anette Rodríguez los vincule a proceso penal por difamación.

Según la Juez, “el delito se consumó de manera instantánea desde el momento en que se transmitió la información al reportero”; lo que no explica la integrante del Tribunal Superior de Justicia, es cómo se configura el elemento doloso que establece el tipo penal, es decir, dónde está el dolo o la mala fe al tratar de defender su patrimonio.

No es difícil el suponer que la actuación en el juzgado, obedece al hecho de que la constructora es propiedad de la familia Rico Moreno y a que en la empresa firma como director el ex-subsecretario de Obras Públicas del Gobierno de Hidalgo y que está vinculada como muchas otras constructoras, al actual secretario del Medio Ambiente, que está a un dedazo de ser candidato a diputado federal.

Si no es por eso que la Juez actúa así, pues al menos lo parece y eso es tan grave como el aval que el juzgado está otorgando a la persecución judicial, que contra el ciudadano se está realizando por sentirse defraudado y atreverse a decirlo a un medio de comunicación en vez de ir ante las instancias legales, en las que está clarísimo el porqué no confió.

El atentado al ejercicio periodístico no debe permitirse; la interpretación personal que de la ley hace una juez, no debe estar por encima de la Libertad de Expresión.

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Twitter: @joelsanradar

https://joelsan.wordpress.com

 

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