RADAR POLÍTICO

13 diciembre, 2017

QUITAN APOYO ECONÓMICO A 1240 ALUMNOS SOBRESALIENTES

Filed under: General — joelsan @ 10:10 PM

 

 

Redacción/RADAR POLÍTICO

Ixmiquilpan, Hgo.- El diputado local Cipriano Charrez Pedraza, exhortó públicamente a los regidores del ayuntamiento de Ixmiquilpan, a realizar la entrega de los apoyos económicos que correspondía recibir a mil 240 alumnos de alto rendimiento académico y a sancionar a los responsables de haberles retirado ese apoyo, situación que calificó como violatoria de la constitución.

A través de un comunicado el legislador aclaró que dicho apoyo fue aprobado por el ayuntamiento anterior y que el presupuesto anual asignado sumaba 4 millones 600 mil pesos, para abatir el rezago educativo, ser un estímulo para los alumnos con mejores calificaciones y de bajos recursos economicos de los diferentes niveles y con ello empoderar paulatinamente a la niñez y juventud para el dia de mañana contar con profesionistas comprometidos con sus comunidades.

Se refirió al actual presidente municipal Pascual Charrez, a sus declaraciones y acciones erróneas en cuanto al programa social educativo de “Apoyo para alumnos de alto rendimiento academico” y lamentó que a más de un año de haberse iniciado la nueva administración municipal, sus integrantes sigan desconociendo que requerían la aprobación del cabildo para retirar dicho apoyo a los estudiantes.

Cipriano Charrez dijo a través de un comunicado, que esta acción, contribuye a generar condiciones de inestabilidad e irritabilidad social, condenando aún más a familias enteras a condiciones de pobreza.

12 diciembre, 2017

¿SEGURIDAD INTERIOR? LA VIOLACIÓN A LA LEY

Filed under: General,Información general,RADAR POLÍTICO — joelsan @ 8:58 AM

 

Joel Sánchez Rodríguez

@JoelSanRadar

 

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobó hace unos días el proyecto de lo que pretende ser la Ley de Seguridad Interior, que en caso de ser aprobado por el Senado de la República, podría convertirse en el instrumento mediante el cual el Gobierno Federal militarice la seguridad pública y otorgue a las fuerzas castrenses un poder muy superior al de las autoridades civiles de los estados y de los municipios, y además con pocos y frágiles lazos de control, por lo que no resultan tan exageradas aquellas opiniones que califican a esta norma como un silencioso golpe de estado por parte del Ejército.

Instituciones como la Organización de las Naciones Unidas y Amnistía Internacional, han hecho un llamado desde el exterior para que no se apruebe dicha ley, al menos no en las condiciones que se proponen. Y en ese mismo sentido se han pronunciado al interior del país, organismos constitucionales autónomos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), cuyos titulares han advertido de los riesgos que la iniciativa representa para la legalidad y las garantías individuales.

Ciertamente es necesario contar con un instrumento que regule la actuación de las fuerzas armadas en las labores de seguridad pública, pues actualmente participan al filo de la ley y se han documentado muchos casos en los que se exceden en sus atribuciones, por lo que su apoyo a los operativos de policía, debe ser controlado y acotado claramente por la norma, para que no se sigan repitiendo historias y matanzas como la de Tlatlaya, -por citar solo una-, donde los asesinos vestían uniformes verde olivo.

Pero si se aprueba una ley mal hecha, esas actuaciones criminales continuarán, solo que ahora con más instrumentos legales para encubrirlas y garantizar la impunidad.

Y es que con la Ley de Seguridad Interior, sería sumamente difícil –por no decir imposible- el documentar como en el caso de Tlatlaya, que los asesinos fueron los soldados, porque tan solo el artículo 9º indica que “la información que se genere con motivo de la aplicación de la ley será considerada de seguridad nacional y clasificada de conformidad con esta”, lo que es contrario al principio de máxima publicidad e implica restringir, sin análisis alguno el derecho de la población a conocer todo en cuanto al proceder de las instituciones.

La “seguridad nacional” es el pretexto que de manera a priori se ha incluido en ese proyecto de ley, como caso de excepción al derecho de acceso a la información y para desplazar el régimen jurídico de la transparencia, obligación que de por sí el estado mexicano no cumple como debe y que ahora podría evadir sin ningún problema, ocultando todo lo bueno y lo malo que eventualmente pudieran cometer militares y marinos cuando intervengan en una situación de riesgo a la “seguridad interior”, que por cierto, ellos mismos estarían facultados a calificarla como tal.

No hay duda de que el crimen organizado ha rebasado la capacidad de la fuerza pública policiaca, que las corporaciones son ineptas y omisas, algunas incluso cómplices y socias de la delincuencia, por ello se requiere el Ejército y la Marina actuando, pero conforme a derecho, no contrario a este.

Aprobar así una ley que violente el de por sí muy endeble derecho a la información, representaría un retroceso enorme. Estaríamos a un paso de pasar de la dictadura priista a la dictadura militar.

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Twitter: @joelsanradar

https://joelsan.wordpress.com

 

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