RADAR POLÍTICO

26 octubre, 2017

INFLUENCIAS DE FUNCIONARIO OBSTRUYEN LA JUSTICIA

Filed under: General,Información general,RADAR POLÍTICO — joelsan @ 8:31 PM

 

 

Joel Sánchez Rodríguez

@JoelSanRadar

 

Huejutla de Reyes, Hgo.- Una madre de familia demandó la intervención del gobernador Omar Fayad Meneses, para que se haga justicia en el caso de la muerte de su hijo Daniel Alejandro Rosales Sánchez, quien perdió la vida en un accidente automovilístico, quedando en la impunidad el presunto responsable del hecho.

De acuerdo a una carta dirigida al mandatario Omar Fayad Meneses y hecha llegar a la redacción de diversos medios de comunicación, el responsable del accidente pretende enlodar la memoria de Daniel Rosales, pretendiendo hacerlo pasar como el culpable del percance, lo cual no fue así, pues él no conducía la unidad.

En el escrito se le responsabiliza de tal situación a Luis Ángel Pérez Chávez, secretario de la Junta de Conciliación y Arbitraje, que ahora será el Tribunal Laboral del Poder Judicial del estado, a quien se acusa de haber incurrido en diversos ilícitos y haber asumido el cargo gracias a las influencias de su padre José Luis Pérez Gómez.

La denunciante dice que no debe quedar impune el asesinato de su hijo y pide al mandatario no “tener asesinos dentro de su equipo de trabajo, ya que por ser hijo de quien es, hace lo que quiere”; asegura que José Luis Pérez y Luis Ángel Pérez, pretenden tener el control de las instancias de justicia laboral, tanto la federal como la estatal y afirma que el segundo es responsable de las dos muertes ocurridas en el accidente.

En su escrito, invoca que el gobernador Omar Fayad Meneses, fue padrino de la generación de egresados del CBTa No. 5 de Huejutla en el año 2004,a la cual perteneció Daniel Alejandro Rosales, por lo que le pide justicia para su ahijado y acompaña el escrito con dos fotografías, en una de ellas, el joven fallecido, quien dejó una esposa y una niña de 3 años, se ubica justo atrás del ahora titular del ejecutivo estatal.

Finalmente la madre de familia insiste en que se aplique la ley en contra de Luis Ángel Pérez Chávez, a quien acusa de las muertes de Daniel Rosales y Gloria Reyes García, víctimas del accidente ocurrido el 1º de octubre, según la carpeta de investigación CUA/ZUM/00/MPI/064/02141/17/10 iniciada en Zumpango, Estado de México y de haber dejado a una chica gravemente lesionada y con secuelas de por vida, para quienes pide justicia y que el hecho no quede impune por las influencias de José Luis Pérez Gómez.

 

LA AUTONOMÍA

Eduardo Habacuc López Acevedo

 

Pachuca de Soto, Hgo.- El principio constitucional de la Autonomía Universitaria
en la vertiente de forma de gobierno. En este tema se requiere precisar el alcance y la definitividad que tiene la designación de las autoridades universitarias, por parte de la comunidad universitaria.
Para ello, la premisa es que la designación se haga con pleno apego a las normas universitarias (Ley Orgánica, estatutos, reglamentos). Es lo que la propia jurisprudencia de la Suprema Corte ha definido como el autogobierno universitario.
Es importante cerrar todo resquicio a la posibilidad de que autoridades externas a la Universidad, se conviertan en revisoras de los procesos de designación de autoridades universitarias, porque pondría en riesgo el contenido académico del quehacer universitario.
El autogobierno universitario constituye, junto con la autogestión y libertad académica, así como con la facultad de autorregulación, la razón de ser de la autonomía universitaria.
Se consideran condiciones básicas, por ser los requerimientos mínimos para el adecuado funcionamiento institucional-educativo de la universidad pública.
Estas condiciones básicas se corresponden con las cuatro vertientes de la autonomía universitaria: libre determinación para elegir la forma de gobierno y de designación de las autoridades académicas; libre determinación para establecer los programas y planes de estudio, las líneas de investigación y las políticas culturales; libre determinación sobre el destino de las partidas presupuestales y de los ingresos autogenerados como resultado de los instrumentos (convenios y contratos) celebrados con los diversos sectores productivos, gubernamentales y privados; libre determinación en el diseño del orden jurídico universitario, aprobando las normas legales de aplicación interna y observancia obligatoria para toda la comunidad universitaria.
Porqué la autonomía universitaria. Porque la historia política-constitucional en nuestro país muestra que una educación laica en los niveles primaria y secundaria es fundamental para la formación integral de los ciudadanos mexicanos. Ahí radica la esencia del artículo 3º constitucional al consagrar el derecho a la educación.
En ese tenor de garantizar el derecho a la educación, resulta indispensable el adecuado complemento de la educación universitaria para alcanzar esa integralidad en la formación de los estudiantes.
Sin duda, la educación media y superior también requiere estar alejada de cualquier influencia ideológica. En ese sentido, el constituyente diseñó una doble armazón constitucional:
• Que la universidad pública elabore sus programas de estudios, sin que en tal diseño, que es estrictamente académico, haya algún rasgo de injerencia de cualquier agente externo a la universidad (sea del gobierno o del sector privado, religioso o partidista).
A la par, los profesores e investigadores universitarios deben contar con plena libertad académica (enseñanza, estudio e investigación).
Para concretizar el armazón, se impone en el texto constitucional el reconocimiento a la universidad pública de la facultad de legislar al interior de su comunidad.
• Que la universidad pública establezca en su legislación su propia forma de gobierno.

Al ser la legislación universitaria de obligada observancia para los integrantes de la comunidad de la universidad, se conoce a los universitarios que tienen el carácter de autoridad académica, cuánto duran en el cargo, cuáles son sus facultades y competencia, cómo es su esquema de funcionamiento, cómo operan las reglas de responsabilidad y de sanciones universitarias y, lo más importante, cuál es el proceso de designación de tales autoridades académicas.

Para qué la autonomía universitaria.

Para que el derecho social a la educación a que obliga la Constitución a la universidad pública se imparta libre de cualquier influencia, ideología, dogma o injerencia externa. Es indispensable que la actividad universitaria no se contamine de cuestiones extraacadémicas.
El riesgo de dar cabida a esquemas de pensamiento distintos a los estrictamente académico-científicos es que se desvíe la búsqueda de la verdad —que es consubstancial al quehacer académico— y de la solución a los problemas apremiantes del país, con lo cual se diluiría el compromiso social que asumen todos los egresados universitarios y quienes integran la planta docente y de investigación de la universidad pública.
Sin embargo, hay que tener cuidado en no confundir la exigencia de no injerencia ideológica en la universidad, con la diversidad de pensamiento científico y la pluralidad académica de los miembros de la comunidad universitaria, que es una característica ínsita al quehacer universitario y que debe ser defendida como valor supremo de la autonomía universitaria, pues en ella radica el desarrollo científico, cultural y educativo del país.
El riesgo de la intromisión externa en la universidad pública se corre cuando se pretende objetar un proceso de designación de una autoridad universitaria, pues podría traer como consecuencia que por encima de un criterio académico se imponga un criterio político, así sea aderezado con una supuesta corrección jurídica. El resultado es que quien fuera designado autoridad universitaria con un proceso distinto o con fines distintos al espíritu de la legislación universitaria traería, por sí mismo, un perfil político o ideológico diferente al estrictamente académico. En esa tesitura, la actuación del así designado estaría permanentemente en duda en cuanto a su verdadero propósito de dirigir una comunidad universitaria.
En suma, la autonomía universitaria representa un mecanismo de protección para los procesos de designación de autoridades universitarias, al exigir que la valoración de los candidatos a ocupar un cargo de dirección académica sólo considere criterios académicos y no políticos o de otra índole, como pudiera haberlos en otro tipo de designaciones fuera del ámbito universitario.

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