RADAR POLÍTICO

11 julio, 2017

BUSCAN NULIDAD LEGAL DEL CONTRATO DE LOS PARQUÍMETROS

Filed under: General,Información general,RADAR POLÍTICO — joelsan @ 9:42 PM
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Joel Sánchez

@JoelSanRadar

 

Pachuca de Soto, Hgo.- Por las inconsistencias legales en las que se incurrió durante la firma del contrato de concesión de servicio, el Ayuntamiento de Pachuca deberá responder ante el Tribunal Fiscal-Administrativo del Poder Judicial del estado de Hidalgo, donde se ha promovido un juicio de nulidad para echar abajo el documento que permite a la empresa Comuni Park, S.A. de C.V. operar 2 mil 500 parquímetros en calles de la capital hidalguense.

El juicio fue promovido por el regidor independiente Nabor Alberto Rojas Mancera, integrante del ayuntamiento pachuqueño, quien junto con un grupo de abogados expone ante el tribunal, las irregularidades en las que incurrió el gobierno del ex-alcalde Eleazar García Sánchez, mismas a las que ha dado continuidad la administración de la alcaldesa Yolanda Tellería Beltrán, quien recientemente firmó el convenio en nuevas condiciones.

El clausulado ventajoso firmado en favor de la empresa privada el 5 de octubre del 2015 por un lapso de 10 años y lo poco rentable que los parquímetros resultan para la ciudad, son expuestos ante los magistrados, quienes deberán emplazar a juicio tanto al Ayuntamiento que preside Yolanda Tellería como a la firma Comuni Park, representada legalmente por Raúl Gil Arroniz de la Huerta, pero cuya propiedad se atribuye al empresario Fernando Quesada Ortiz.

Este miércoles 12 de julio en conferencia de prensa, se darán a conocer los detalles del procedimiento judicial que se encuentra en marcha y en el que destaca que  el convenio firmado en el 2015, tampoco se cumplió la formalidad de que el contrato fuera avalado por el pleno de la Asamblea Municipal, tal como lo ordena la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo.

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INSTITUTO ELECTORAL DE HIDALGO, PERSECUCIÓN A MEDIOS

Joel Sánchez Rodríguez

@JoelSanRadar

 

El 7 de febrero, hace 5 meses, éste y otros medios de comunicación dieron a conocer el gasto que por más de 6 millones de pesos, realizó el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) para la compra de 10 camionetas y 7 vehículos nuevos, todos de lujo, con cargo al presupuesto; derroche autorizado por la consejera presidenta Guillermina Vázquez Benítez.

De aparición constante en revistas de sociedad e historias rosas, todo indica que a la funcionaria no le agradó lo difundido por medios estatales y nacionales; semanas después el secretario técnico del organismo, excediéndose en sus atribuciones y sustentándose en un procedimiento que inició el partido MORENA en contra de un presidente municipal, requirió legalmente a la agencia de noticias Quadratín Hidalgo para que informara al IEEH de cuestiones profesionales y financieras de carácter interno, pese a tratarse de una empresa privada.

El 22 de mayo, quien esto escribe publicó en la columna “Radar Político” una opinión personal, en el sentido de que con ello, el IEEH estaba pretendiendo fiscalizar el trabajo interno de medios de comunicación, violentar el secreto profesional de los periodistas y usurpar funciones de autoridad fiscal que únicamente le corresponden a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) y al Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Como pidieron cuentas a Quadratín acerca de lo gastado en la realización de material periodístico, quién lo solicitó, qué recursos utilizaron, que exhibiera el contrato o convenio que tuviera con su supuesto cliente y además pedía informes relacionados con un perfil personal de facebook, aseguré que el IEEH rebasó todo tipo de límites y exhibía claramente su ignorancia de la ley. Es mi opinión y la sostengo como tal.

Dos días después el director general de Quadratín, el periodista Alejandro Gálvez, en su columna “Letras Minadas” fijó la postura de la empresa periodística. Ni una ni otra opinión le parecieron a la funcionaria, que dice haber enviado una réplica y que en lo que parece ser un afán represor, vengativo y de persecución en contra de medios de comunicación, decidió proceder judicialmente y ante el Juzgado 1o de Distrito se abrió el expediente 115/2017-V-B, invocando ambas columnas, pero omitiendo no se sabe si por ignorancia o dolo, que se trata de periodistas y medios de comunicación diferentes.

Cuestionado desde el inicio de su gestión, tanto por partidos políticos como candidatos, el actuar del IEEH ha sido objeto constante de críticas, opiniones y comentarios en columnas y notas periodísticas, quedando plasmado su erróneo proceder, su ignorancia de la ley, la forma en la que derrochan dinero, su continua violación a los derechos de aspirantes a cargos de elección popular y ahora también, el cómo inician y sostienen una política de hostigamiento a medios de comunicación que le resulten incómodos a quien se crea intocable en el organismo.

Fuentes al interior del organismo, advirtieron previamente a los periodistas de Quadratín que se procedería legalmente y así lo publicó esa agencia hace unas semanas; otro funcionario confió: “es en particular contra Alejandro Gálvez” y entonces queda claro que se trata de una venganza y persecución legal del IEEH, auspiciada obviamente con recursos humanos y económicos como lo es el presupuesto público y desde el organismo oficial.

¿Después del hostigamiento y ahora persecución legal desde el IEEH, qué seguirá?

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https://joelsan.wordpress.com

Publicado en Diario Unomásuno

 

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