SIN DEBATE…
Cuando faltan dos semanas y media para que culmine el periodo que la ley establece para que los candidatos que participan en el proceso electoral federal realicen actividades proselitistas, los aspirantes al Senado de la República continúan sin realizar un debate público en el que todos presenten sus propuestas y, por el transcurrir del tiempo sin que haya siquiera una mesa de negociación entre sus coordinadores de campaña para concretar este ejercicio, todo indica que se llegará al fin de la etapa de promoción sin que se concrete el encuentro.
Hace unos días la Universidad La Salle Pachuca organizó un encuentro de los candidatos al Senado con los alumnos de profesional de la institución, a la cual acudieron los abanderados del PAN, Xóchitl Gálvez, Daniel Ludlow; del PRD, Isidro Pedraza y Julieta Guevara, así como los del PANAL, Pablo Herrera y Leticia Lazcano, pero por alguna razón que no se dio a conocer, declinaron la invitación los postulados por el PRI, Omar Fayad Meneses y David Penchyna Grub.
De alguna forma se entiende el “desaire” de los priistas, pues si bien se trató de un ejercicio plural, el escenario no es imparcial, basta con ver la cantidad de carteles que en instalaciones lasallistas existen en favor de la candidata del PAN a la presidencia de la República, Josefina Vázquez Mota, para saber que un amplio sector de la institución porta la camiseta azul y por lo tanto, en el encuentro, que de ninguna manera podría llamársele debate, los dados están cargados a favor de los azules.
De cualquier modo, los electores hidalguenses merecen que el debate se haga, que ninguno rehúya la posibilidad y que cada uno de los aspirantes muestre las mejores propuestas que ofrezca para ver si convencen o no al electorado; da la impresión de que algunos candidatos piden a gritos que haya debate para colgarse de los que llevan la delantera y salir aunque sea un poquito en la tv, mientras que otros parecen temerle al encuentro para evitar cuestionamientos incómodos.
SE ESPERABA…
Previo a la celebración del Día de la Libertad de Expresión, el secretario de Gobierno de Hidalgo, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, ratificó ante los medios de comunicación el nombramiento de Antonio Meza de la Torre como nuevo Coordinador de Comunicación Social de la administración que encabeza el gobernador José Francisco Olvera Ruiz.
Lo de “nuevo” es un decir, pues Toño Meza tuvo la responsabilidad de coordinar la prensa en la campaña que llevó a Olvera Ruiz a la titularidad del Ejecutivo estatal; inició la administración como Director de Prensa recayendo la responsabilidad de Coordinador en Pascual Cervantes Ojeda que solo aguantó unos días en el cargo; Meza continuó en esa posición compartiendo la responsabilidad con Roberto Pedraza Martínez y, desde el mes de enero se venía desempeñando como Encargado de Despacho.
Así es que a para nadie fue sorpresa el nombramiento realizado por Fernando Moctezuma, pues Meza de la Torre ya venía cumpliendo la función de coordinar la comunicación desde hace poco más de dos años. Sin embargo la formalización del cargo es importante porque la administración apenas cumplirá sus primeros 15 meses de gestión y se encuentra en una etapa fundamental para la consolidación no de un gobierno, pues ese se encuentra firme, pero si de un proyecto, en el que una correcta política de difusión y de información institucional resulta crucial para el cumplimiento de los objetivos propuestos.
QUE APRUEBEN YA…
Como parte de las acciones realizadas con motivo del Día de la Libertad de Expresión, el gobernador Francisco Olvera Ruiz expresó ante los medios de comunicación, su pleno respeto al ejercicio periodístico, a la crítica constructiva y ratificó la voluntad de su gobierno de velar por que el trabajo de los periodistas cuente con las garantías para el desempeño de su labor informativa.
Dos días antes, organizaciones como la Unión de la Fuerza Indígena y Campesina (UFIC); la Agrupación de Movimientos Indígenas y Campesinas (AMIUC); La Coordinadora Nacional Plan de Ayala y la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), convocaron al Foro para la Legislación y Mecanismos de Protección a Periodistas y Medios, en la que se discutieron diversas medidas que deben impulsarse para que la protección al ejercicio periodístico sea realidad y no solamente frases de un buen discurso.
Destaca que una de las medidas que se calificó como urgente, es la aprobación de la Ley de Protección a los Periodistas que desde hace más de un año se presentó como iniciativa en el Congreso del Estado y que actualmente se encuentra “en la congeladora” de donde debe ser rescatada por los diputados, en especial por Onésimo Serrano González que fue quien la propuso y por Ramón Ramírez Valtierra, en su calidad de presidente de la Junta de Gobierno de la LXI Legislatura.
Los celos políticos ya deben quedarse atrás o al menos hacerlos a un lado, para que esa iniciativa reciba la aprobación que merece.
LETRA MUERTA…
El Gobierno del Estado de Hidalgo, signó un convenio de colaboración con la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), a fin de sumar esfuerzos institucionalmente y agilizar tanto el trámite como el envío de averiguación previas que se inicien por hechos posiblemente constitutivos de algún delito de carácter electoral, para garantizar el que el proceso que se lleva a cabo para la elección de presidente de la República, diputados federales y senadores, se lleve a cabo con la mayor limpieza posible.
Buenas intenciones sin duda, pero ante la gran cantidad de denuncias y funcionarios públicos presuntamente involucrados en conductas contrarias a la ley, hace falta mucho más que una buena intención, pues basta con ver que en dependencias federales como la Secretaría de Desarrollo Social delegación Hidalgo, son muchos los servidores públicos señalados de irregularidades –empezando por su delegado- para ver que ante una actitud negativa, un convenio no es más que letra muerta.
El PRI ha acusado de manera reiterada a la Sedesol por la coacción del voto y el PAN hace señalamientos contra el Gobierno del estado por la continuación de la entrega de apoyos correspondientes al programa alimentario. Lo único cierto hasta ahora, es que la FEPADE está obligada a la aplicación de la ley y que tanto esa instancia como la subprocuraduría de Asuntos Electorales a cargo de José Luis Lima, están obligadas a hacer efectivos los propósitos del convenio.
NO hay que pasar por alto que las denuncias que se han realizado de manera formal, ponen en evidencias irregularidades por parte de dependencias federales como la Sedesol-Hidalgo, quizás por ello la Fepade que pertenece al gobierno federal no ha sancionado a los funcionarios involucrados, lo que confirma de manera precisa el porqué la fiscalía a cargo de Imelda Calvillo tiene tan poca credibilidad.
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