ERNESTINAS,
NI UNA MÁS
El 6 de febrero del 2007, falleció Ernestina Ascencio Rosario, indígena nahua originaria de Soledad de Atzompa, municipio de alta marginación ubicado en la sierra de Zongolica en el Estado de Veracruz, donde perdió la vida a los 73 años de edad, tras una penosa agonía y una desgraciada historia cuya verdad nadie conoce.
Su muerte causó conmoción en México al responsabilizarse de ella a un grupo de militares a quienes se acusó de violación masiva y asesinato en agravio de la mujer, aunque nunca se pudo probar tal imputación y las autoridades determinaron que se trató de una muerte natural, el presidente Felipe Calderón Hinojosa, dijo el 13 de marzo de ese año que Ernestina había fallecido a consecuencia de “una gastritis mal tratada”.
Previamente la Procuraduría de Justicia de Veracruz había hecha pública la versión de que la mujer si había sido víctima de una violación masiva, según lo revelaban los daños en su organismo, el desgarramiento que evidenciaba su matriz y el trabajo de los médicos legistas que practicaron la primera de dos necropsias que se le realizaron.
El caso es emblemático en lo que se refiere a violaciones a los derechos humanos en México, prácticamente nadie cree la versión de las autoridades de que murió por una gastritis crónica, la familia de la indígena tampoco lo acepta, pues una hija de la septuagenaria la encontró y aún alcanzó a escuchar su afirmación: “los soldados, se me vinieron los soldados encima”.
Cierto o no, el caso es simbólico en lo mucho que simboliza, la expresión más elevada de lo que es el poder y la impunidad representada por la bota militar, frente a la más clara personificación de la debilidad, una mujer, indígena, anciana, en la más elevada pobreza.
Si los soldados fueron responsables o no de ataque infame que se les imputó, quedaron impunes, no fueron llevados ante tribunales y, de manera inicial cuando se hablaba de juzgarlos, de haber procedido habría sido en el fuero militar pues se encontraban en funciones, existen razones de sobra para pensar que esa habría sido otra forma de impunidad.
Por ello es de celebrarse el pronunciamiento realizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó esta semana el limitar el fuero militar para los casos en los que elementos castrenses violenten derechos fundamentales.
La Corte precisó que “frente a situaciones que vulneren derechos humanos, bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar”, es decir que en condiciones como esta y otras en las que se atropellen las garantías individuales, quienes lo hagan deberán ser juzgados conforme a las leyes civiles y penales como cualquier otro.
Ello no garantiza que no se vuelvan a registrar situaciones tan arteras como la de Ernestina Ascencio, pero el hecho de que de ahora en adelante “los jueces mexicanos deben replicar, en casos futuros, el criterio de restricción del fuero militar”, abre la posibilidad de que nuevos casos de “tortura, desaparición forzada y violación” no queden en la impunidad.
Ahora los jueces deberán analizar las condiciones de cada acusación que se formule y estarán facultados para aplicar un control difuso de la constitucionalidad en tanto se genera jurisprudencia y el Poder Legislativo reforma al respecto.
Indignante el papel oficial en el caso de Ernestina Ascencio, de cualquier modo lo formulado esta vez por los ministros permite pensar en un futuro de justicia.
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