PRESIONAN TRANSPORTISTAS, EXIGEN CONCESIONES

Joel Sánchez Rodríguez

Fotos: Alma Paz Gómez

Pachuca de Soto, Hgo.- Integrantes de la asociación de Choferes Unidos del Servicio Público Estatal en Hidalgo, A.C.; amagaron ayer con que una persona se prendería fuego e incendiarían una camioneta en la explanada de la Plaza Juárez, como una medida de presión hacia el Gobierno del Estado y el Instituto Estatal del Transporte (IET) para exigir la entrega de 58 concesiones del servicio público de pasajeros para tres rutas.

Los choferes que en diversas ocasiones se han manifestado para denunciar presuntos actos de corrupción del IET y de su titular Sixto Hoyos Morales, jalonearon a un funcionario al que intentaron desvestir y a punto estuvo de generarse un enfrentamiento con elementos de la Agencia de Seguridad Estatal (policía preventiva), cuando hombres, mujeres y niñas tendieron un cerco alrededor de la unidad de transporte que supuestamente incendiarían pero a la que nunca prendieron fuego.

Luego de casi seis horas de protesta, que generó bloqueos y cortes a la circulación en diversas calles del primer cuadro de la ciudad, no se produjo la inmolación ni tampoco la quema de la unidad de transporte, a la que ya le habían extraido el combustible, en tanto decenas de policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, se mantenían expectantes en espera de la orden de intervenir para evitar una explosión.

Encabezados por su dirigente José Rigoberto González Vargas, delegado en Hidalgo de la Asociación Mexicana de Organizaciones de Transportistas, A.C. (AMOTAC) y por Fidencio Mejía García, presidente de Choferes Unidos, los quejosos mostraron mantas en las que exhiben unidades de transporte público que con placas particulares o con una sola lámina del juego que corresponde a la concesión, prestan servicio en dos rutas distintas y practican la piratería en Matilde, La Providencia y Epazoyucan.

Fidencio Mejía expresó que son 58 choferes los que han insistido en su solicitud para obtener las concesiones y que en el mes de enero ingresaron al IET tres proyectos debidamente sustentados, se quejaron de que “nos han utilizado, pues cuando eran estudiantes como choferes nos utilizaron para tomar calles y si no lo hacíamos nos golpeaban” sin precisar a quien se refieren y exigieron que sea ahora el gobernador quien les indique como obtener el correspondiente permiso.

Mejia García insistió en que seguramente lo que buscan los funcionarios del IET es obtener dinero y especulan que “quizás si llegaramos con medio millón nos den una ruta”, afirmando que esta “legalmente cuesta 32 mil pesos”.

También señalaron que “siempre se han sumado a las campañas de presidentes municipales y gobernadores”, que trabajaron “con Paco, Melendez y Bejos” pero que en la última elección colaboraron “con Xóchitl”, además de que acusaron que el Instituto Estatal del Transporte vende las concesiones a sus líderes y no a sus agremiados.

Finalmente no se registró la inmolación ni el incendio de la camioneta de transporte público, pues los dirigentes de los choferes, acudieron a una reunión con funcionarios del Poder Ejecutivo, con quienes establecieron acuerdos que no dieron a conocer.

En ocasiones anteriores la AMOTAC y Choferes Unidos se han manifestado en la misma Plaza Juárez, la semana anterior irrumpieron en la sede del Congreso del Estado, han amagado con “cocerse los labios” y ya en una ocasión incendiaron una camioneta, sin embargo la respuesta de las autoridades del transporte sigue siendo la misma: “no hay concesiones”.

 

RADAR POLÍTICO 16/08/10

  

Joel Sánchez Rodríguez

RATIFICAN TRIUNFOS…

En el cuartel de lo que fue la coalición “Hidalgo Nos Une” festejaban la posibilidad de que los magistrados federales dieran un revés al Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, en el caso de las impugnaciones realizadas a los resultados que dieron el triunfo a los candidatos del PRI y de la alianza “Unidos Contigo” en las elecciones para diputados locales, pero sus pronósticos no salieron como esperaban y esta semana los integrantes del TRIFE ratificaron de manera unánime las resoluciones que en torno al caso emitió el tribunal local, así como la declaración de validez de la elección que desde el 7 de julio hizo el Instituto Estatal Electoral y los consejos locales.

Era previsible que las impugnaciones realizadas no iban a proceder, menos en lo que se refiere a distritos como el de Tizayuca, en donde la diputada electa Myrlen Salas Dorantes, propuesta por el Partido Nueva Alianza como candidata, fue la que obtuvo el mayor porcentaje de votación de todo el estado y por obvias razones tuvo un triunfo aplastante sobre sus adversarios, pero queda claro que lo que los partidos Acción Nacional y el de la Revolución Democrática buscaban, era hacer tiempo, crear un escenario ficticio de conflicto postelectoral y ganar un poco más de simpatizantes para su causa alegando un fraude que de acuerdo a los magistrados estatales y federales, simplemente no existió.

A quienes buscaron la impugnación en los otros distritos no les fue mejor, pues en lo que se refiere a Tula de Allende donde el triunfo correspondió a Marcela Vieyra Alamilla, los opositores aseguraban que podrían revertir el resultado y convertir en diputado al ex-alcalde de Tezontepec de Aldama, Moisés Cornejo Barrera, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, también ratificó la resolución emitida por el órgano jurisdiccional local y por los mismos motivos, los magistrados no encontraron ninguna irregularidad en la elección y los de “Hidalgo Nos Une” no presentaron prueba alguna de su dicho.

INCAPACES DE GANAR…

Incapaces de ganar la elección en 16 de los 18 distritos, “Hidalgo Nos Une” buscó obtener en los tribunales, el triunfo que no pudo obtener en las urnas, lo que resulta no solo lamentable sino también antidemocrático, pues es penoso constatar que para los partidos opositores la democracia solo existe cuando ellos ganan, no importa que sea por un voto; pero en cambio si pierden, de inmediato califican la jornada como un fraude, la llaman elección de estado y a los triunfadores les llaman tramposos.

Ciertamente es derecho de los partidos políticos el impugnar una elección y todos lo han hecho, tanto el PRI como el PAN, PRD, PT, PVEM, Convergencia y PANAL han ejercido esa facultad, pero por el bien de las instituciones y del ejercicio democrático, sería mucho más positivo si acudieran a los tribunales solo cuando tengan elementos para hacerlo, cuando tengan pruebas de sus afirmaciones y realmente tengan posibilidades de obtener una resolución favorable, porque de lo contrario solo siembran la desconfianza en las instituciones, empañan los procesos electorales y por supuesto hacen el ridículo tanto los dirigentes como los jurídicos de los partidos que impugnan.

Resuelta de manera definitiva la resolución en torno a la elección de diputados locales, ahora solo falta que el Instituto Estatal Electoral que preside Daniel Rolando Jimenez Rojo, realice la asignación de las diputaciones que cada partido o coalición hayan obtenido por la vía plurinominal y que el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, que preside el magistrado Alejandro Habib Nicolás, resuelva lo correspondiente a la impugnación que la coalición “Hidalgo Nos Une” realizó en torno a la elección de José Francisco Olvera Ruiz como gobernador, para que quede concluido el proceso en el ámbito local.

POR LA RENOVACIÓN…

Luego de la jornada comicial del 4 de julio y a fin de iniciar los preparativos para las elecciones del 2011 en las que se renovarán los 84 Ayuntamientos hidalguenses, en el Partido de la Revolución Democrática comienzan a agitarse las aguas para lo que será la renovación de la dirigencia estatal en los próximos meses, pues para los perredistas que están comprometidos con los principios del Sol Azteca, parece impensable que tras el fracaso obtenido, Pedro Porras Pérez siga como presidente al frente de su organización.

Son tres los grupos dominantes al interior del PRD, el que encabeza el senador José Guadarrama Márquez y el de Isidro Pedraza Chávez que en todo momento se opusieron a servir como comparsas del PAN en la elección de gobernador; así como el de Pedro Porras y de Luciano Cornejo que traicionando los ideales del PRD, decidieron entregarle el partido y su estructura a Acción Nacional con los resultados ya conocidos, por lo que se insiste en la posibilidad de que sea el ex-diputado Pedraza quien aproximadamente a partir de diciembre dirija los destinos de lo que queda del PRD.

Hasta ahora José Guadarrama ni Isidro Pedraza han fijado su postura en torno a la sucesión en el PRD, pero queda claro que la corriente de Nueva Izquierda a la cual pertenecen junto con Luciano Cornejo, se encuentra dividida y no permitirán que Cornejo Barrera y Porras Pérez sigan haciendo del perredismo una corriente al servicio del partido de Felipe Calderón Hinojosa, al aun consideran un presidente espurio.

EL PESO DE LA LEY…

Como muy acertada puede ser considerada la resolución del Ministerio Público, de ejercer acción penal en el caso de la muerte de la niña recién nacida Gabriela Guadalupe Tapia Hernández, por una negligencia médica ocurrida en el Hospital General de Tulancingo, pues de las indagatorias realizadas por la Procuraduría General de Justicia, se detectaron una serie de irregularidades graves en las que no solo incurrió la doctora Jenny Denisse Gijop Heredia, sino también sus superiores jerárquicos.

El MP encontró irregularidades y omisiones entre las cuales se encuentran la realización de “convenios atípicos o convenios internos de suplencia”, documentos ilegales que implican responsabilidad penal y administrativa para los servidores públicos que intervienen en ellos y para quienes los autorizan, pues ello implica entre otros delitos: usurpación de funciones, ejercicio indebido del servicio público, Responsabilidad Profesional y el retraso en la entrega de un cadáver.

Por lo anterior todo el peso de la ley recaerá en contra de la médico Yenny Gijop que se encuentra prófuga de la justicia, así como del ex-candidato a diputado federal Adolfo Martinez Licona y el médico Ernesto Francisco González Hernández, ex-director y ex-subdirector del nosocomio, así como de la jefa de area de ginecología y el doctor Dario de Jesús Dávila para quienes se girará la correspondiente orden de aprehensión una vez que se consigne la averiguación previa, según lo anunció en conferencia de prensa el propio procurador José Alberto Rodríguez Calderón.

Las irregularidades detectadas en el sector salud son graves, y difícil es creer que se limiten al Hospital General de Tulancingo, por lo que deben extenderse a los otros nosocomios de la entidad.

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ACCION PENAL CONTRA MÉDICOS POR NEGLIGENCIA PROFESIONAL

Joel Sánchez Rodríguez

Pachuca de Soto, Hgo.- La Procuraduría General de Justicia del Estado, determinó el ejercicio de la Acción Penal por diversos delitos, en contra de los ex-directivos del Hospital General de Tulancingo, la titular del área de ginecología y dos médicos de esta área, luego de detectarse una serie de irregularidades y omisiones que les implican responsabilidad penal y administrativa en el caso de la muerte de la niña recién nacida Gabriela Guadalupe a causa de una negligencia médica.

Responsabilidad Profesional, ejercicio indebido del servicio público, usurpación de funciones y homicidio, son algunos de los delitos por los que se consignará la averiguación previa número 18/HG/0623/2010 y se pedirá al juez en materia penal se giran ordenes de aprehensión en contra de los médicos Adolfo Martínez Licona, Ernesto Francisco González Hernández, Elsa Mejía Gómez, Dario de Jesús Dávila y Yenni Gijop Heredia, destacando que el segundo de ellos ya se encuentra privado de su libertad sujeto a un arraigo por 40 días.

El procurador general de justicia del estado, José Alberto Rodríguez Calderón, confirmó en conferencia de prensa que en las indagatorias del caso, el ministerio público detectó irregularidades y omisiones graves en el Hospital General de Tulancingo, entre ellas la existencia de “convenios atípicos o convenios internos de suplencia” que son documentos ilegales que implican responsabilidad penal y administrativa para los servidores públicos que intervengan en ellos y para quienes los autoricen.

Adolfo Martínez Licona y Ernesto Francisco González Hernández,

Yenni Gijón Heredia o Yenni Gijop Heredia

 se desempeñaban como director general y subdirector, respectivamente del citado hospital, en tanto que Elsa Mejía Gómez era la jefa de área de Ginecología a la cual pertenece Dario de Jesús Dávila como titular de una plaza que cubría Yenni Gijop Heredia, la médico que habiendo atendido el parto de la señora Dafne Marisol Hernández Trejo, dio por muerto al producto, una niña recién nacida que por negligencia fue enviada viva a la cámara mortuoria donde permaneció por varias horas expuesta a la humedad y frio de los refrigeradores y fue rescatada de un ataúd.

Como es del dominio público la niña perdió la vida luego de tres días pese a los esfuerzos médicos por salvarla, la doctora Yenni Gijop que además firmó el certificado de defunción se encuentra prófuga de la justicia y el ex-subdirector Ernesto González se encuentra bajo arraigo al ser el responsable operativo del hospital en el que también se analiza el grado de responsabilidad en el que pudo haber incurrido el personal de enfermería.

El procurador José Alberto Rodríguez dio a conocer una fotografía y la media filiación de la médico que se ha sustraído de la justicia y que no se presentó a comparecer ante el ministerio público los días lunes 9 y jueves 12 como debió haberlo hecho, por lo que elementos de la Agencia de Investigación (antes Policía Ministerial) que ya coordinan esfuerzos con policías de otros estados, la buscan para detenerla.

Rodríguez Calderón explicó que cada uno de los implicados incurrió en responsabilidades distintas y se les fincarán diversos delitos, además de que continuarán las investigaciones en torno al caso de la niña Gabriela Guadalupe Tapia Hernández de 27 semanas de gestación, 600 gramos de peso y 22 centímetros de estatura que falleció por insuficiencia respiratoria según lo reveló la necropsia de ley.