Joel Sánchez
Pachuca de Soto, Hgo.- La Procuraduría General de Justicia del Estado, confirmó ayer lunes, el hallazgo de una narcofosa en la capital hidalguense, donde un tiro de mina ubicado en la colonia Unión Popular, era utilizado por grupos presuntamente de la delincuencia organizada, para deshacerse de sus rivales.
La subprocuradora general de justicia, María del Carmen Archundia Escutia, acompañada por el director de la Coordinación de Investigación (antes policía Ministerial) Fernando Bernal García y el jefe de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro, Erick Mendoza, dio a conocer en conferencia de prensa la tarde de ayer, que en dos tiros de mina localizados en los límites de Pachuca y Mineral del Chico, han sido localizados al menos siete cadáveres.
La funcionaria señaló, que las autoridades junto con cuerpos de socorro, bomberos y protección civil, continúan la búsqueda, tanto en estos como en otros tiros de mina ubicados en los alrededores de la ciudad, a fin de verificar si existen aún más cuerpos que hayan sido abandonados ahí por el grupo delictivo.
El hallazgo de la narcofosa ó “narcomina”, en dos de los cientos de tiros que se ubican en el distrito minero, se realizó luego de que el viernes, se suscitara un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y un grupo de presuntos delincuentes, mismos que tras ser detenidos e investigados, guiaron a las corporaciones policiacas al lugar en el cual eran arrojados sus rivales, tras haber sido ejecutados.
Se ignora el número de cadáveres que pudieran hallarse y no ha sido posible establecer la identidad de los siete cadáveres localizados, pero ha trascendido que entre los involucrados se encuentran dos elementos de la policía municipal de Tepeapulco, así como uno más de Mineral de la Reforma, mismos que fueron señalados e identificados por sus cómplices.
En los antecedentes del caso, Fernando Bernal indicó que el jueves 12, agentes de la corporación aseguraron a Erika Gómez Ortiz, Eduardo Barrientos Meléndez, Raúl López Peña, Ángel Juvencio Ramírez Gómez, Francisco García Pérez, Cruz Martínez Cruz y Eder Efraín Corona Segovia, en poder de dos camionetas de lujo con reporte de robo, una subametralladora y 20 sobres con droga, por lo que se dio inicio a la averiguación previa 12/DAP/406/2010, misma que fue compartida con la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y atraída por la Procuraduría General de la República (PGR).
Derivado de esta el pasado día 19 se realizó la ejecución de tres órdenes de localización y presentación, inicialmente de los policías municipales de Tepeapulco Gustavo Fernández Aguilar y Fabián Guadalupe Mancilla Hermoso, ambos en activo, así como de Luis Antonio Galván Ramírez, alias “El comandante Lucas”, tras lo cual se generó un enfrentamiento en las inmediaciones del municipio de Singuilucan, asegurándose a Camilo Juárez Rodríguez “El Barney, El Gordo o El Tatú” y de un menor de edad, quienes señalaron a Luis Omar Chávez Islas, agente de la Policía Municipal de Mineral de la Reforma, quien también fue detenido.
La detención de todas estas personas y las declaraciones emitidas ante el Ministerio Público, llevaron a la localización de los siete cuerpos en dos tiros de mina, tanto en la Unión Popular como en la colonia del Castillo, cuatro en uno y tres en el otro, los cuales se afirma, podrían pertenecer a vendedores de droga, según la información proporcionada por los detenidos.
En relación a la identidad de los cuerpos encontrados, se aseguró que esta no ha podido determinarse, debido al alto grado de descomposición de los cadáveres, algunos de los cuales podrían tener hasta año y medio de fallecidos, por la cual se han tomado muestras biológicas de los mismos, que serán enviados a los laboratorios de genética de la PGR que habrán de colaborar en la práctica de dictámenes periciales de ADN, tratando de identificarlos y de saber si pudiera tratarse de algún secuestrado.
Por lo pronto en contra de dos de los detenidos, Camilo Juárez Rodríguez y Luis Omar Chávez Islas, se han expedido órdenes de arraigo, en tanto de logran obtener los elementos de prueba necesarios para su consignación ante un juez en materia penal.
