Joel Sánchez Rodríguez
Treinta y cuatro días después de la mayor tragedia infantil que haya vivido nuestro país y que costó la vida de 48 bebés, 43 quemados y seis adultos heridos, en un acto obligado, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Daniel Karam Toumeh, entregó ante la Comisión Permanente del Senado de la República, la lista que revela los nombres de los propietarios originales y actuales de las casi mil 500 guarderías privadas que prestan servicios subrogados al IMSS y que en el erario tienen el gran negocio.
Pero el acto que Daniel Karam cumplió bajo presión, debió haber sido voluntario desde hace varias semanas, porque hacerlo cuando ya se tiene el agua hasta el cuello, solo confirma la poca voluntad que el director del IMSS tenía de cumplir con la solicitud que le habían hecho los legisladores y exigido la sociedad, y pone al descubierto sus ánimos de encubrimiento hacia los ricos dueños de las guarderías, muchos de ellos vinculados o integrantes de familias que detentan el poder, funcionarios públicos, representantes populares o parientes de gobernadores y ex-gobernadores.
Y es que después de conocerse que los propietarios de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en la que ocurrió la tragedia el 5 de junio, son familiares o están vinculados a las familias de Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa del presidente Felipe Calderón Hinojosa y al gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo y sus funcionarios, quedó claro que tratarían de encubrir a los dueños de las casi mil 500 guarderías y la forma en la que se les adjudicaron los servicios.
Y en efecto, Daniel Karam Toumeh en una muestra de opacidad y complicidad con quienes se benefician del gran negocio que son las guarderías subrogadas, hizo lo posible por evitar revelar estos datos, se tardó mucho en entregar la lista y se presume que esos 34 días que demoró, sirvieron para maquillar los contratos, encubrir a muchas personalidades beneficiadas, sustituir a algunas y solo mostrar lo que les era menos perjudicial a las autoridades.
Aún así en el caso del Estado de Hidalgo, quedó al descubierto que la historia de tráfico de influencias y favoritismo a políticos en torno a las guarderías, se repite como en el caso Sonora, pues aquí son beneficiarios de esos contratos, los hermanos Gibrán y Arturo, así como los padres del sub secretario de Gobierno, Ricardo Crespo Arroyo.
Igualmente, Paula Deyanira Narváez; Juana Deyanira Bravo y María Concepción Berenice Bravo, hermana, tía y madre, respectivamente, de la diputada federal priista Hilda Arely Narváez Bravo, que también es socia de dos guarderías en la región Tula-Tepeji; Minerva Lissu Chong Mayen, presuntamente prima del gobernador del Estado Miguel Ángel Osorio Chong; también figura en las listas Ernestina Pereda de Moctezuma, madre del diputado federal con licencia y Secretario de la Contraloría, Fernando Moctezuma Pereda.
Pero no son los únicos, en la región de Apan se ubica como socias de una guardería a Luz María y Ana María Muñoz Romero, al parecer hermanas de la ex-diputada y ex-presidenta municipal de esa localidad, Guadalupe Muñoz; en ese mismo lugar también se ubica como socia a Mari Carmen Hernández Madrid, cuyos apellidos coinciden con la titular de Averiguaciones Previas de la Procuraduría del Estado, Gloria Hernández Madrid y el ex-secretario de Agricultura y actual miembro de la diligencia estatal del PRI, David Hernández, que no han confirmado ni desmentido que se trate de su hermana; Igualmente es enlistado, pero en Pachuca, como representante legal de uno de los establecimientos, Oziel Serrano Salazar, “asesor” en la Secretaría de Educación Pública, hermano del dirigente estatal de la CNC del PRI, Onésimo Serrano.
Y no es que los familiares de los políticos o la misma diputada federal Hilda Arely Narváez no tengan derecho a contar con negocios privados, lo inmoral, al menos en el caso de la representante popular, radica en que siendo legisladora y por lo tanto parte del gobierno, le venda servicios al gobierno mismo, al que le cobran y mucho por “cuidar” a los hijos de las madres derechohabientes.
Lo que resulta criticable es que siendo legisladora no haya renunciado a la posibilidad de lucrar con un servicio que corresponde a un organismo público como lo es el IMSS y del cual tanto la diputada como las familias Crespo Arroyo, Moctezuma Pereda, los Sánchez Vite, los Hernández Madrid y Lissu Chong, se vieron favorecidos por adjudicación directa y no por licitación pública, lo que habla de un abierto favoritismo.
Con la revelación de la lista, quedó al descubierto también, que una sola pareja, Ana Velia Álvarez Chavarría y Héctor López Rivera, controlan 4 guarderías subrogadas, El Duende, Garabatos y los Anhelo 1257 y 0718, en los que también ofrecen servicio de jardín de niños, pese a que hace casi un año, los medios de comunicación dimos cuenta de un ataque sexual sufrido por un niño de cuatro años, al interior de sus instalaciones, del que evidentemente el IMSS también decidió convertirse en cómplice al no retirarle los servicios de subrogación de guarderías a pesar del peligro que se comprobó vivían los menores.
Hay que destacar que también hace casi dos años, en agosto del 2007, se pusieron al descubierto muchas de las irregularidades existentes en la dirección de prestaciones sociales del IMSS-Hidalgo y la forma arbitraria en la que adjudicaban los servicios de guarderías y el cómo los retiraban de manera arbitraria.
El caso del Instituto Montessori de Hidalgo ubicado en Pachuca, fue ejemplar de las arbitrariedades cometidas en el área de guarderías, pues se supo que le quitaron la subrogación de servicios para otorgárselos a otra guardería, solo por haberse atrevido su propietaria a ventilar públicamente que el Seguro Social se negaba a pagarle un adeudo millonario por la atención de los niños y se le pedía un porcentaje para liquidarle, lo que exhibió además la corrupción dentro del organismo, en el que algunas funcionarias fueron cesadas luego de que se actuar se hiciera del conocimiento público, pero las prácticas siguieron siendo las mismas.
Lo que se confirma con la entrega de las listas por parte de Daniel Karam a los legisladores y con su publicación en el portal de Internet del IMSS, es algo que ya se había dicho, que los dueños de las guarderías eran en gran parte amigos o familiares de políticos y que en la adjudicación de contratos prevalece el trafico de influencias y el favoritismo; que la licitación pública de esos servicios simplemente no existe y que se beneficia a las familias de los poderosos sin importar si el servicio a los niños es bueno o malo, si están seguros o se encuentran en riesgo, eso es corrupción, aunque Karam Toumeh diga lo contrario.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
