Joel Sánchez Rodríguez
Pachuca de Soto, Hgo.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) a través de la dirigencia de la sección XV, presentó ante la LX Legislatura del Estado, la propuesta de reforma al código penal del Estado, para que la Venta de Plazas en el magisterio, sea considerado como un delito grave y quienes incurran en ello no puedan obtener su libertad bajo caución.
Acompañada por integrantes del comité ejecutivo seccional, la secretaria general Mirna García López, acudió a la sede del Congreso del Estado, donde apoyada por la fracción parlamentaria del Partido Nueva Alianza presentó la iniciativa de Decretó, con el objetivo de tipificar como delito grave y se incrementen las penas correspondientes a quienes incurren en la venta de claves presupuestales de trabajo en los órganos de gobierno de la entidad.
La dirigencia del SNTE se reunió con los diputados locales en la sala de la Comisión Permanente de la LX Legislatura, donde señalaron que el propósito es inhibir la conducta ilícita de quienes aprovechándose de la necesidad de quienes buscan una ocupación o empleo, lucran o pretenden lucrar de manera indebida mediante la venta de claves para laborar en instituciones públicas.
Recordó que estas prácticas se realizan presuntamente en el mercado negro y que muchas veces corresponden a falsas promesas, por lo que desde el inicio de su gestión ella ha pugnado porque se castigue a quienes sean responsables y ha llamado a la población para que denuncien directamente ante ella a todo aquel que incurra en esa conducta.
Más tarde en entrevista, el titular de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, diputado Roberto Pedraza Martínez, manifestó que la iniciativa ha sido turnada de inmediato a comisiones para su estudio y dictamen y reconoció el interés del magisterio hidalguense por garantizar la legalidad en el otorgamiento de plazas de trabajo en las instituciones públicas.
Indicó que la propuesta es elevar la penalización a esta conducta y que el delito sea considerado como grave, precisando que esta conducta ya está considerada como ilícita y que corresponderá a la comisión de legislación y puntos constitucionales el determinar su viabilidad y si se encuadra en el tipo penal de fraude o tráfico de influencias, para lo cual sería necesario modificar algunos artículos del código penal.
Dijo que la venta de plazas es solo una presunción y que ante lo manifestado por el magisterio se analizará la iniciativa con el cuidado debido.
