Rechazan en Hidalgo la Reforma Judicial

 

Joel Sánchez Rodríguez

Pachuca de Soto, Hgo.- El cateo domiciliario sin orden judicial y el arraigo que se contempla formalizar en la Reforma Judicial que posiblemente se vote hoy martes en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, fueron calificados como “puntos absurdos que contravienen los principios” fundamentales de los mexicanos humanos”, por parte de Alejandro Straffon Ortiz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo.

La postura de Alejandro Straffon es coincidente con la de sus homologos de las 32 comisiones de los derechos humanos locales de todo el país y del titular de la Comisión Nacional, José Luís Soberanes Fernández, quienes ayer difundieron una carta firmada  por los ombudsman de todo el país, en el que externan su preocupación por las repercusiones que la Reforma Judicial pudiera tener y respecto a la cual señalaron que “constituye un paso atrás en el respeto a los derechos humanos en México”.

Centraron su preocupación en el hecho de que con estas reformas se elevarán a rango constitucional  el arraigo y los allanamientos de morada y expresaron compartir “la preocupación de la sociedad mexicana por los elevados niveles de inseguridad que han sometido la tranquilidad, la paz y la seguridad pública del país” y acompañar “la demanda social que exige a las autoridades el cumplimiento del derecho a la seguridad de sus personas y bienes, pero manifestamos también nuestra preocupación porque las medidas que se adopten para enfrentar el crimen, en especial las legislativas, sean en todo momento apegadas al respeto a los derechos fundamentales”.

Los organismos de derechos humanos precisan que les inquieta que para resolver el problema de la inseguridad se adopten medidas violatorias de los derechos humanos y, en ese sentido, hacen notar a los diputados federales que ven con intranquilidad que se proponga reformar a la Constitución para incluir el arraigo y los allanamientos, poniendo en riesgo la inviolabilidad del domicilio, al permitir la entrada de la policía sin orden judicial y reduciendo “peligrosamente” los requisitos para librar una orden de aprehensión.

En torno a este asunto la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, también fijó su postura oficial al manifestarse a favor de una reforma integral, que equilibre la mayor eficacia en la persecución de la criminalidad con la debida protección de los derechos de todas las personas y una revisión exhaustiva al dictamen que pretende reformar la constitución.

Alejandro Straffon aseguró que de aprobarse la reforma judicial, concretamente este punto perteneciente al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ministerio público y los cuerpos policíacos podrían efectuar el allanamiento y cateos de domicilios sin orden judicial y solo con la presunción de que se vincula con la delincuencia organizada o se esta cometiendo un delito en flagrancia, argumentos que también podrían pretextarse para efectuar una detención sin orden de aprehensión.

En su postura la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, manifiesta que ambos puntos son inadmisibles y que corresponden a una ilógica supina, contraviniendo “de manera bestial” el principio de inviolabilidad del domicilio.

Igualmente precisa que no será suficiente con la expedición de leyes secundarias para regular estas acciones, por lo que ante el riesgo que representa la reforma de que se incrementen los abusos policíacos, la CDHEH se pronuncia por una revisión exhaustiva de la iniciativa antes de su aprobación.