Pachuca de Soto, Hgo.- Ex-trabajadores del Ayuntamiento de Singuilucan, demandaron ante la LIX Legislatura del estado y el Poder Judicial hidalguense, Juicio Político en contra del presidente municipal de Singuilucan, el priista José Apolinar López Osorio, a quien responsabilizan de incumplir la orden de indemnizarlos con más de seis millones de pesos por concepto de despido injustificado y de intentar encarcelarlos en vez de pagarles.
Los quejosos acusan por escrito al alcalde y al síndico procurador del Ayuntamiento, José Guadalupe Figueroa Robles, de incurrir en actos de abuso de autoridad, falsedad ante la autoridad, fraude procesal, imputación de hechos falsos y simulación de pruebas, además de encubrimiento, delitos contra el trabajo y la previsión social.
Los 36 ex-trabajadores que acudieron la mañana de ayer martes 29 de enero, a la sede del Legislativo para entrevistarse con el titular de la Junta de Coordinación Política, diputado José Antonio Rojo García de Alba y más tarde con la magistrada presidenta del tribunal Superior de Justicia, Alma Carolina Viggiano Austria, señalaron que el alcalde Apolinar López a fin de evadir su obligación de pago, les inició un procedimiento penal denunciando la supuesta falsificación de la firma del síndico procurador José Guadalupe Figueroa Robles, ilícito del que responsabiliza a funcionarios del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, siendo que el mencionado servidor público compareció ante la autoridad laboral en diversas ocasiones.
Indicaron que las autoridades laborales ya les han dado la razón y el 14 de febrero de 2007 condenaron al Ayuntamiento de Singuilucan a pagarles una indemnización por despido injustificado así como los salarios caídos y otras prestaciones, incluso se procedió al embargo de algunas cuentas de la alcaldía a favor de los ex-trabajadores, pero que la Presidencia Municipal ha interpuesto una serie de juicios de amparo y procedimientos para que no termine el asunto y seguir evadiendo su responsabilidad patronal.
A través de sus representantes comunes Cecilio Eduardo Carmona Vera, Jesús Gálvez Hernández, Juan de Dios Hernández Islas y Rosa Ruiz Atanacio, señalaron que además en el Tribunal de Arbitraje existe un cheque por un millón 160 mil pesos a su favor, pero inexplicablemente no se les ha entregado.
Entre los firmantes de la solicitud de juicio político dirigida a los poderes legislativo y judicial así como a los diputados integrantes de la Comisión Instructora, se encuentran José Bravo, Marcelino Cerón, María López y Maria Celina Alvarado, quienes en su escrito afirman haber recibido amenazas por parte de agentes de la Policía Ministerial y de un supuesto servidor público “quien se autonombró Sub secretario de Gobernación”, los cuales pretenden intimidarlos para que desistan de sus denuncias, los primeros afirmando que existe la averiguación previa 12/DAP/R/III/3068/2007 y el segundo diciéndoles que los va a meter a la cárcel.
Señalan que ellos fueron despedidos al iniciar la administración municipal 2006-2009, el 16 de enero del 2006 por no haber participado en la campaña proselitista del alcalde priista Apolinar López, que interpusieron su procedimiento laboral por despido injustificado el 15 de febrero de ese año radicándolo bajo el número 34/2006 y que el 14 de febrero del 2007 se les dio la razón, por lo que únicamente piden que se cumpla con el laudo emitido y que se les indemnice.
Insistieron en que el actuar del alcalde Apolinar López y el síndico Guadalupe Figueroa, redunda en perjuicio de los intereses públicos fundamentales de manera gravísima y lo único que logran con ello es poner en riesgo la tranquilidad, seguridad pública y paz social del municipio de Singuilucan.
Finalmente luego de ratificar su deseo de que se aplique la ley, responsabilizaron al presidente municipal José Apolinar López, a sus funcionarios y a los miembros superiores del Ayuntamiento, de cualquier situación que pudiera pasarles a los firmantes de la solicitud de Juicio Político.
Excesiva y absurda resultó la movilización policiaca de este 10 de noviembre en el fraccionamiento Valle de San Javier, más de 10 patrullas con sirenas y torretas abiertas realizaron un operativo en torno al domicilio del diputado federal David Penchyna Grub, ubicado en Valle Serrano No. 100 solo por un intento de extorsión telefónica. De verdad, qué ridículos.
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