Joel Sánchez Rodríguez
En las primeras horas del miércoles 13 de diciembre de 1979, hace 28 años, fue asesinado en Pachuca el periodista Alberto Rodríguez Torres, fundador de los periódicos semanarios Avance Gráfico y Eco, identificados hoy como “AVANZANDO en Hidalgo” y “Solución”.
El cuerpo de Beto como lo llamaban familiares y amigos, fue encontrado al atardecer de ese mismo día, había sido severamente golpeado y tirado en unos matorrales muy cerca de la Quinta San Lunes, perteneciente al municipio de Mineral de la Reforma.
Por la naturaleza de su trabajo y las condiciones en que aparentemente se había suscitado el homicidio, decenas de periódicos locales y nacionales se sumaron al reclamo a las autoridades para que se aclararan los hechos y se castigara a los responsables del crimen.
El Ministerio Público dio inicio a la averiguación previa número 2107/979 y las investigaciones fueron encabezadas por Jorge Bernal Cisneros y Alejandro Copca, director y subdirector de la Policía Judicial del Estado.
Se obtuvieron los primeros indicios y la opinión pública supo por una carta abierta firmada por 10 medios locales y un grupo de periodistas el 23 de diciembre de 1979, que Alberto Rodríguez realizaba una investigación de las condiciones infrahumanas en que eran explotadas las mujeres de la zona de tolerancia.
Así lo establecía el texto firmado entre otros por La Opinión del Estado de Hidalgo, Hoy en Hidalgo, La Extra, Avance Gráfico, Sucesos de Hidalgo, El Mundo Gráfico, El Imparcial y Contacto Directo, entre otros medios.
Las indagatorias tuvieron éxito, se realizaron detenciones incluso por decenas en la zona del crimen para recabar versiones y testimoniales y fue así como la Policía Judicial, dependiente del ministerio público, cuyo titular era el procurador general de justicia, Adalberto Chávez Bustos, logró la identificación y captura de Juan Manuel Núñez Montes de Oca, Raúl González Zamora y Jorge Paredes Flores, como responsables del crimen en agravio del periodista.
Los tres, policías preventivos en activo pertenecientes al grupo denominado “Servicios Especiales” de la Dirección de Seguridad Pública y Transito del Estado de Hidalgo, (DGSPyTE), quienes fueron presentados como los presuntos homicidas del periodista por el procurador, el director de Averiguaciones Previas, Juan Federico Fernández Ordóñez; el jefe de la Judicial, Jorge Bernal Cisneros y el titular de la DGSPyTEH, León Teutli Altamirano, para quien debe haber sido muy difícil ese acto, pues era el jefe directo de los policías homicidas.
Reunidos los elementos necesarios para presumir su responsabilidad de los uniformados, se ejerció acción penal contra los policías, se les consignó ante el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Pachuca, Tufik Habib Karam, quien inicio un largo proceso.
Junto con Juan Manuel Núñez Montes de Oca, Raúl González Zamora y Jorge Paredes Flores, quien es hermano de un dirigente de taxistas en Pachuca, igualmente fue consignado Froylán Trejo Barrera, “El Maguey”, como responsable de haber llevado el cuerpo hasta San Lunes.
Más tarde las indagatorias determinaron la participación en los hechos tanto del luchador profesional Antonio Villafuerte García, a “El Ave Negra” como de Rodolfo Hirschberg Flores, “El Hitler”, a quienes se les entabló proceso penal por encubrimiento, aceptando su responsabilidad en el homicidio.
Las autoridades mostraron disposición -algo pocas veces visto, sobretodo en los tiempos actuales-, para aclarar el homicidio del periodista, pero aclarada la muerte de Alberto Rodríguez Torres, recogidos los testimonios y realizadas inspecciones judiciales en el lugar del crimen, se obtuvieron las conclusiones acusatorias del Ministerio Público y las pruebas que incriminaban a los involucrados, según lo determinaron los peritos en criminalística de la Dirección General de Servicios Periciales dependiente de la procuraduría.
Con todos esos elementos, el Juez Tufik Habib Karam, posteriormente Magistrado del Tribunal Superior de Justicia hasta el año 2005 en que logró su jubilación, dictó sentencia condenatoria contra los policías homicidas.
Lamentablemente, la historia surgida por el homicidio de Alberto Rodríguez Torres no terminó ahí, con una sentencia basada en un expediente sustentado por infinidad de pruebas de cargo presentadas por el Ministerio Público y las recabadas por el Juzgado.
Encabezado por el ex-magistrado presidente del TSJEH y actualmente Notario Público, Jaime Daniel Baños Paz, -quien además fue diputado coordinador del Congreso y presidente del Consejo Consultivo Ciudadano-, el sistema judicial hidalguense mostró su ángulo imperfecto y corrupto y, con la sospechosa defensa que de los criminales que por casi dos años hicieron un pasquín y abogados particulares, pagados nunca se supo por quién, se permitió en segunda instancia que la sala penal del Poder Judicial dictara la absolución de los acusados en febrero de 1982.
De esa manera feneció el término para impugnar la resolución vía del amparo, y concluyó el proceso penal con la impunidad para los responsables del crimen.
A 28 años de ese hecho, preescrito el delito, con la averiguación previa y las indagatorias del MP en archivo definitivo, sería ingenuo reclamar justicia en el caso del periodista asesinado y bastante iluso esperar el castigo legal para los responsables y las autoridades cómplices.
Pero ante la ausencia de leyes, de moral en quienes debían aplicarlas y la impunidad en esta muerte, casi tres décadas después, el asunto no ha cedido paso al olvido, por ello estas líneas, para que hoy y en cada aniversario del homicidio, sea esta herramienta, la denuncia pública, el sustituto de la justicia que desde 1979 no llega para Alberto Rodríguez Torres.
Soy reportero de Jalisco y en relación con el texto descrito, les envió la columna CONVERSACIONES PRIVADAS del periodista Jesús Blancornelas del 7 de enero del 2003 en la que se refiere al mismo homicidio y otros más:
CONVERSACIONES PRIVADAS
07/01/2003
J. Jesús Blancornelas
A Froylán Trejo le decían El Maguey. Y de este individuo me arrimaron muy malos testimonios escritos. Hace 23 años se portó desalmado. Ni temor tuvo cuando le ordenaron “llévate esto de aquí”. Entonces cargó el cadáver de Alberto Rodríguez y se largó a tirarlo. Escogió crecido yerberío. Cerquita de la Quinta San Lunes, terrenos del hidalguense municipio, Mineral de Reforma. Fue una ingratitud. Rayó en lo inhumano.
Cómo siempre en tales desgracias, un cristiano pasó por allí de casualidad. Primero se espantó y luego fue casi volando con la policía. Inmediatamente salió el alboroto. Para pronto fiscal y agentes reconocieron al difunto: periodista. Fundó y dirigía los semanarios Avance Gráfico y Eco. Nada más lo supieron, sus compañeros protestaron públicamente. Luego se conocería por las investigaciones. Alberto andaba escarbando la pútrida prostitución. Sabía quienes eran los perversos alcahuetes y como abusaban de las mujeres. No se medían física y económicamente.
Entonces como ahora no fue novedad. Agentes de la Policía Estatal mataron al periodista. No les convenía si publicaba algo de tan pestilente negocio. Arruinaría a muchos que desde el gobierno estaban protegiendo la pirujería. Por eso recibían gordura de billetes.
Don Adalberto Chávez era el procurador del estado de Hidalgo. No se tentó el corazón ni anduvo de tapadera. Encarceló a los policías matones, Juan Manuel Núñez Montes de Oca, Raúl González Zamora y Jorge Paredes Flores. No había duda de su delito. Fueron presentados a la prensa por el director de Averiguaciones Previas, Juan Federico Fernández Ordóñez. Le acompañaron Jorge Bernal, jefe de la Judicial y León Teutli Altamirano de Seguridad Pública. Luego descubrieron: dos luchadores profesionales se entrometieron en la canallada y los detuvieron: Antonio Villafuerte García Ave Negra y Rodolfo Hirscberg Flores El Hitler.
Confesiones, pruebas, inspecciones y análisis forenses estaban clarísimos. Por eso tomándose todo el tiempo les sentenció el juez primero de lo penal, licenciado Tufik Habib Karam. Pero de nada sirvió. Con el pasar de los meses hubo una porquería. La capitaneó Jaime D Baños Paz. Era presidente del Tribunal Superior de Justicia. Echó abajo la sentencia. Absolvió a los acusados. Le ayudaron cierto pasquín “y un cuerpo de abogados particulares pagados, nunca se supo por quien”.
Como el de Alberto Rodríguez hay muchos crímenes de periodistas sin castigo. Normalmente son autores e intocables desde gobernadores hasta su parentela y amigos. De nada sirven jueces rectos porque hay muchos chuecos. Se impone hasta el tiempo. Pasados 20 años legalmente no se puede perseguir, procesar ni sentenciar culpables. Hace 23 años fue asesinado Rodríguez. Por eso el delito se esfumó. Pronto sucederá lo mismo con otros asesinatos de periodistas en varias ciudades. Los hechos demuestran que en los gobiernos estatales jamás castigan sus propios crímenes.
Por eso hice una proposición y fue aceptada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP): solicitarle por escrito al presidente Fox que “el asesinato de periodistas, por tratarse de un crimen dirigido a coartar derechos y libertades básicos de la sociedad, deben ser considerados como un delito de jurisdicción federal”. Le enviamos carta en agosto 30 del 2002. Firmamos Roberto Cox entonces presidente de la SIP; Rafael Molina, comisionado de Prensa; Andrés García Gamboa, ahora dirigente de la Interamericana; Juan Francisco Ealy Ortiz de El Universal y José Santiago Healy de Periódicos Healy.
A los 19 días de septiembre nos contestó el presidente personalmente. Estampó su firma en el documento afirmando: “El gobierno que encabezo está empeñado en garantizar el más alto nivel de respeto a los derechos humanos”. Y en la carta resaltó un punto jamás aceptado ni prometido por otro presidente: que nuestra petición “es una iniciativa que mi gobierno va a considerar con el mayor interés, porque comparto con ustedes que la Libertad de Expresión y el derecho a la información son principios inalienables del ser humano”.
Fox se obligó más comprometiendo a los gobernadores: “Esta administración resolverá los asuntos que sean de su competencia y brindará apoyo a través de los mecanismos institucionales como el Sistema de Seguridad Pública y la Reunión Nacional de Procuradores de Justicia, en la investigación de aquellos de ámbito estatal”. Cuando recibí copia de tan histórica comunicación compartí satisfacción y alegría con mis compañeros. Fue una buena noticia. Pero la mala es que hace casi cuatro meses de la promesa y Fox no ha cumplido. Sus colaboradores no recibieron o desobedecieron sobre cómo armar la iniciativa. Y a falta de tal, los diputados no podrán modificar nuestra ley. De todos modos “cabildearemos” con los legisladores mientras les llega la promoción.
Desgraciadamente Fox tampoco ha cumplido otra promesa escrita: “Brindar apoyo a través de la reunión Nacional de Procuradores”. Volvemos a lo mismo. O no lo hizo o le ignoraron.
Ningún procurador estatal tocó uno de los muchos expedientes sobre crímenes de periodistas. Y debe quedar claro. Su obligación es tratarlos hasta el fin. No hay necesidad ni articulado legal que obligue a recordárselos.
En Tijuana el asunto de Héctor Félix Miranda está pendiente desde 1988. Los gobernadores panistas saben quien ordenó el crimen. Pero tres y el actual mandatarios han temblado de horror ante el poder de un priísta ya desaparecido y una familia sobreviviente. En Sonora le tienen tirria al caso de Benjamín Flores asesinado en San Luis Río Colorado. Igual en Tamaulipas con el crimen de Armando Meléndez. O el de Víctor Hernández Martínez en el Distrito Federal. También José Luis Ortega de Ojinaga y Víctor Oropeza en Chihuahua.
José Agustín Reyes en La Paz, Baja California: Jorge Martínez Dorantes, Enrique Peralta Torres y José Luis Rojas de Cuernavaca, Morelos; Ruperto Armenta Gerardo, Guasave, Sinaloa; Cuauhtémoc Ornelas Ocampo, Torreón, Coahuila; Abel Bueno León de Chilpancingo, Guerrero; Margarito Morales, Cocula, Jalisco; Luis Mario García, México, DF; Pedro Valle Hernández, Zihuatanejo, Guerrero; Mario Morales Palacios, Matamoros, Tamaulipas; Ramiro Ramírez Duarte, Zacapu, Michoacán; Luis Roberto Cruz Martínez, Reynosa, Tamaulipas; Pablo Pineda Gaucín, Matamoros, Tamaulipas; José Ramírez Puente, Ciudad Juárez; Hugo Sánchez Eustaqui, Atizapán de Zaragoza y sin terminar la trágica nómina, Saúl Antonio Martínez Gutiérrez de Matamoros, Tamaulipas. Me desilusionaría mucho si esta y por escrito de Fox, se convierte en otra promesa incumplida.
Comment por Carlos Fuentes — Diciembre 15, 2007 @ 8:04 pm
Estimado amigo periodista Joel Sánchez Rodríguez.
Te felicito por estas líneas dedicadas a la libertad de expresión, las ganas por proteger las letras estampadas en papel, las voces que viajan por las ondas hercianas y por supuesto a la memoria de todos aquellos que por no callar y dejar de teclear han perdido la vida.
Hoy en día es común que a nosotros los periodistas nos demanden, nos presionen personajes que, sin el menor pudor y con una gran dosis de cinismo, se dicen difamados por lo que escribimos ¿Cuál es nuestra función? Creo yo, informar, señalar lo malo, lo corrupto, lo bajo y por supuesto el bajo perfil de los políticos ¿a caso no son ellos, los políticos, quienes llevan las riendas de nuestro municipio, estado o país?
¿Cuantos periodistas han muerto en los últimos años? No tiene caso decirlo, si las cifras que hoy se manejan significan nada para las autoridades. Para ellas es los mismo unas centenas de comunicadores asesinados que nada. Depende de nosotros, y nada mas de nosotros, que el periodismo siga siendo la guía de la sociedad para que ella califique el quehacer de los potentados políticos.
te envio un abrazo amigo.
Comment por Antonio Oritgoza Vázquez — Diciembre 17, 2007 @ 10:22 am