Noviembre 26, 2007
Lic. Joel Sánchez Rodríguez
EL ENCUBRIMIENTO…
Al fungir como ponente en una conferencia ante alumnos de la Universidad La Salle Pachuca, el procurador general de justicia del Estado, José Alberto Rodríguez Calderón, reveló públicamente acciones de relevante importancia emprendidas por la dependencia, en lo que se refiere al combate a la impunidad y la corrupción, entre las que sobresalen el cese de 19 elementos, a los que se comprobó su participación en actos de deshonestidad.
De acuerdo a lo manifestado por el funcionario ante estudiantes, catedráticos y directivos de la ULSA-Pachuca, como resultado de los mecanismos permanentes implementados por la contraloría interna y la visitaduría, en lo que va de la presente administración han sido separados de su cargo y en su caso consignados, siete agentes del Ministerio Público, 10 policías ministeriales y dos peritos de la Dirección General de Servicios Periciales, gracias a lo cual –afirma-, la procuraduría se ubica en el quinto lugar entre las menos corruptas del país.
Sin embargo en un acto por demás inexplicable, Rodríguez Calderón y la procuraduría, han omitido el revelar la identidad de los malos servidores públicos que han sido cesados, lo que visto desde otro ángulo, puede ser interpretado como un acto de encubrimiento, pues se le niega a la sociedad el derecho de saber quienes son los elementos que no solo han incumplido con su labor, sino además violentado las leyes.
Ocultar esa información, además de vulnerar los principios de transparencia puede tener como fin el encubrir a los ex-MP, ex-ministeriales y ex-peritos, por lo que para evitar suspicacias, lo mejor sería revelar sus nombres e informar a la opinión pública quienes han sido sujetos a procesos penales y en que casos se les inició proceso por violar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
ENCUBRIR PROPICIA IMPUNIDAD…
No solo en la Procuraduría General de Justicia del Estado se incurre en actos de encubrimiento que fomentan la impunidad, lo mismo ocurre en la Policía Ministerial del Estado a cargo de Ahuitzol Hideroa Juárez, donde a toda costa trata de impedirse que se revele la identidad de los agentes que comisionados como guaruras de un alto funcionario, que el sábado 10 de noviembre estuvieron a punto de privar de la vida al taxista Diego Valencia, tras un incidente de tránsito suscitado en el bulevar Luís Donaldo Colosio de Pachuca.
El día de los hechos el incidente que pudo ser de fatales consecuencias, pues se sabe que los “guaruras” dispararon sus armas de fuego en contra del chofer que conducía el taxi Ford Fiesta placas 6238-FUC, pero a pesar de ello fueron conducidos y liberados en la corporación sin ningún problema, argumentándose que los agentes habían llegado a “un acuerdo” con el taxista para realizar la reparación de daños, se anunció el inicio de una investigación interna para conocer como ocurrió el suceso pero nunca se quiso informar públicamente en torno a la identidad de los agresores.
Ahora se sabe por versiones extra-oficiales, que los agentes responden al nombre de José Alfredo González y Fernando Benítez, pero si por la Procuraduría General de Justicia fuera, sus identidades seguirían ocultándose, lo que se convierte en un acto de encubrimiento que quiérase o no, propicia la impunidad.
ENCUBREN A POLICÍAS…
Así como ocurren actos de encubrimiento en la procuraduría de justicia y en la policía ministerial, eso mismo sucede en la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil Municipal de Pachuca, que comanda Isidoro González Blanco, quien pese a las exigencias de la opinión pública, mantiene en reserva el nombre de los dos policías municipales a los que la contraloría atribuye el haber incurrido en actos ilícitos y de deshonestidad en la desaparición de parte de un cuantioso botín que unos asaltantes habían obtenido al atracar un establecimiento de la Joyería Falcón.
Isidoro González que inicialmente aseguraba que sus agentes eran inocentes de la desaparición de casi 800 mil pesos en dinero y joyas que denunciaba Norma Estela Méndez Falcón, propietaria de la joyería, pero terminó por reconocer que efectivamente seis elementos y un comandante habían sido sujetos a investigación y que de esta resultó que dos agentes eran responsables de hechos delictuosos sin precisar detalles.
Sin embargo pese a saberse que dos policías son responsables del acto, la corporación insiste en encubrirlos, sin revelar sus identidades y por si fuera poco el secretario González Blanco, señala que esa información se le entregará únicamente a la procuraduría, si es que se lo solicita, de no hacerse, los delincuentes con uniforme a los que se les brinda protección, quedarían en la impunidad.
UFIC VIOLENTA…
Liderada a nivel “nacional” por el diputado federal Isidro Pedraza Chávez y en el estado por el ex-diputado Alejandro Hernández Ballina, la Unión de la Fuerza Indígena y Campesina (UFIC), se ha convertido en los últimos meses de una de las organizaciones más violentas de la entidad, pues a través de la fuerza tratan de imponer su criterio en diversas cuestiones.
Tan solo hace unos días, los aliados de Alejandro Hernández –quien por cierto forma parte del padrón de contratistas del Gobierno del Estado-, fueron protagonistas de una agresión en contra de militantes de la organización Antorcha Campesina, que dirige Guadalupe Orona Urias, a la que de manera violenta pretenden despojar de una ruta de transporte público de la ruta Pirules-Piracantos que da servicio entre otras a la colonia Europa, localizada en la parte posterior del panteón municipal de Pachuca.
Con la violencia que caracteriza a un sector de la UFIC, armados con palos y piedras, retuvieron a los choferes y los mantuvieron por dos horas privados de su libertad, resultando tres personas lesionadas como producto de la agresión por la disputa de esta ruta que brinda servicio a cerca de mil 500 familias de escasos recursos económicos que viven en ese sector de la capital hidalguense.
LA UFIC DE IXMIQUILPAN…
No solo en Pachuca se registran actos de carácter violento por parte de la Unión de la Fuerza Indígena y Campesina, también en el municipio de Ixmiquilpan, donde a esa organización se atribuyen actos que alteran el orden público en la comunidad de El Nith para asumir el control del agua, también se han registrado hechos de intimidación, ahora en contra de un grupo de artesanos que laboran en la cabecera municipal.
Encabezados por Vicente Ortiz Simón, hermano del diputado local perredista Juan Ortiz Simón, de la UFIC, integrantes de la organización campesina junto con vendedores ambulantes del parque Benito Juárez, realizaron este fin de semana actos de provocación e intimidación en agravio de cerca de 100 artesanos que el sábado 24 de noviembre supervisaban los trabajos de construcción de tres palapas donde albergarán sus negocios como parte de un proyecto promovido por la Secretaría de Desarrollo Social.
El proyecto que impulsa la Sedesol ha merecido una inversión de millón y medio de pesos para promover la venta de artesanías y platillos de la gastronomía regional, pero la UFIC y los ambulantes, apoyados por los legisladores perredistas y Alejandro Hernández, se oponen a este para no perder el control del parque y porque se afirma ven amenazados sus intereses políticos y económicos.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Aún no hay comentarios.
Canal RSS de los comentarios de la entrada.
URI para TrackBack.
REPORTE POLITICO