Septiembre 17, 2007
Lic. Joel Sánchez Rodríguez
LOS QUE INFORMARON…
En cumplimiento a una obligación legal, pero sobretodo moral con sus representados, algunos de los legisladores federales por el estado de Hidalgo, han rendido ante los habitantes de su respectivo distrito, el informe correspondiente al primer año de sus actividades legislativas, pero son varios los que todavía no lo hacen, dando la impresión de que les importa poco, quizás nada, lo que piensen de ellos sus representados.
Hasta el momento son Lorenzo Ludlow Kuri, Miguel Ángel Peña Sánchez, Sergio Hernández Hernández, Fernando Quetzalcoalt Moctezuma Pereda e Isidro Pedraza Chávez, los únicos en informar a la ciudadanía.
Pedraza lo hizo el día de ayer 16 de septiembre en Ixmiquilpan; Ludlow en Pachuca; Peña en Tepeapulco en donde se autoerigió como el salvador de los hidalguenses; Sergio Hernández distribuyó trípticos y discos con la información y realizó algunas publicaciones; Moctezuma dio tres informes en los municipios más grandes de su distrito.
LOS QUE FALTAN…
Pero aún faltan por hacerlo Maria Oralia Vega Ortiz de Tulancingo, que anda mucho más ocupada en moverle el tapete al alcalde Ricardo Bravo Delgadillo (RBD); Gerardo Sosa Castelán que es diputado por la vía plurinominal, cosa que no lo exime de su deber de informar y José Edmundo Ramírez Martínez, de Ixmiquilpan, de quien lo único que se sabe es que ha viajado bastante.
También falta Joel Guerrero Juárez, representante popular por Huehuetla, quien al menos ha iniciado algunos recorridos por su distrito, siquiera para que se acuerden de él y otro que tampoco ha cumplido y seguramente no lo hará, es el diputado Marco Antonio Peyrot Solís, que sin ser de Hidalgo logró colarse en la legislatura hidalguense por la vía de representación proporcional, gracias a ser “hijo de papi”, pese a la animadversión que su solo nombre causa en la cúpula panista estatal.
Aún así logró convertirse en legislador y casi de inmediato pedir licencia por unas cuantas semanas, para aprovechar que su “papi” todavía era Secretario de Marina y alcanzar un ascenso dentro de la Armada de México donde es capitán de fragata.De los 10 diputados federales de Hidalgo, cinco han informado, los otros cinco no, pero tampoco lo han hecho ninguno de los tres senadores, José Guadarrama Márquez, Francisco Xavier Berganza Escorza y Jesús Murillo Karam; El primero ni siquiera aprovechó para ello el congreso estatal de su Frente Democrático Hidalguense que reunió en Pachuca a mil 700 delegados de todo el estado.
Los 13 legisladores federales hidalguenses ya cumplieron el primer año de su tarea legislativa y es tiempo de que los que faltan, le digan a los electores qué han hecho por ellos en el Congreso de la Unión.
REFORMA ELECTORAL…
Tras un desafortunado intento por acotar la libertad de expresión y evitar comentarios a favor o en contra de partidos políticos y candidatos a un cargo de elección popular en tiempos electorales, el Senado de la República aprobó y la Cámara de Diputados también, una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para impedir que en los próximos procesos comiciales, personas físicas o morales, organismos públicos o privados, puedan comprar espacios en radio o televisión y difundan spots para favorecer las campañas de determinado instituto político.
La reforma que ahora deberá ser aprobada por al menos 17 congresos de los estados para entrar en vigencia, pretende de esa manera que ni el dinero, ni los spots, sean la herramienta para apuntalar alguna candidatura y que tampoco sea el instrumento para impulsar la guerra sucia entre los partidos políticos, lo que visto de esa manera parece muy positivo, más si se cumple el cometido de evitar que dinero de origen dudoso se utilice en campañas.
Pero queda la duda en torno a las verdaderas intenciones de los legisladores, que por error o por ignorancia, estuvieron a punto de aprobar –y lo habrían hecho sino fuera por la reacción de la prensa, radio y televisión-, lo que más bien parecía una “Ley Mordaza” en tiempos electorales.
¿MORDAZA?…
Sí, todo indica que también quisieron amordazar a los medios, porque de otra manera no se explica que contando con infinidad de asesores en la materia, los senadores no se hayan dado cuenta de que la propuesta de reforma inicial, atentaba contra el derecho de los comunicadores y ciudadanos, a expresar libremente sus opiniones o informaciones en torno a determinado candidato, sin exponerse a que algún programa de radio o televisión que hablara bien o mal de un aspirante fuera sacado del aire o que un medio impreso que publicara sus puntos de vista, fuera sancionado por ello.
Al menos en ese sentido había sido escrito el texto de iniciativa de reforma al artículo 41 de la Constitución, en el cual expresamente se leía, que quedaba prohibido “difundir mensajes” que “fueran susceptibles” de influir a favor o en contra de partido político o candidato alguno, lo que dejaba a los medios de comunicación impresos o electrónicos, imposibilitados no solo de emitir opiniones, sino también de realizar denuncias o tan solo informar acerca de actividades y prácticas partidistas, legales o ilegales, cuando incurrieran en ellas durante las campañas, lo que es sumamente común, tan solo en los procesos electorales en los que abunda la guerra sucia, el exceso de gastos y en los topes de campaña, la destrucción de propaganda de los opositores, la panfletisa para denostar o difamar contra algún candidato y hasta los choques entre grupos políticos, pues está claro que en México ni partidos, ni candidatos, saben jugar limpio.
MARCHA ATRÁS…
Pero por fortuna, la reforma electoral no fue aprobada en los términos propuestos originalmente y con todo el dolor de su corazón, los senadores tuvieron que dar marcha atrás a su insana pretensión de amordazar a la prensa, aprobando únicamente la prohibición de contratar espacios en radio y televisión, donde para desencanto de los barones de los medios electrónicos, solo se podrán utilizar los espacios oficiales y un poco más, que contemplará expresamente la legislación electoral.
Y no es que con ello se coarte la libre expresión de quienes trabajan para radio o televisión, sino que ahora la radiodifusoras y televisoras, concesionarias de bienes nacionales, como lo es el espacio aéreo en el que transmiten sus ondas electromagnéticas, podrán informar, comentar y criticar lo que quieran, pero no vender espacios para spots y menos condicionar o discriminar a determinado candidato solo por no simpatizar con él, como ocurre en muchas estaciones, aún en las permisionadas, que por su naturaleza legal no deben ser utilizadas para favorecer a unos y denostar a otros.
Pero más allá del impedimento a los partidos para anunciarse fuera de tiempos oficiales, lo que debe incluir la reforma electoral, es la obligación de los institutos políticos de transparentar su actuación y sus finanzas, pues son entidades de interés público, reciben dinero del erario para su sostenimiento, pero no informan a nadie el qué hacen con él.
Todos los organismos públicos están obligados a la transparencia y al menos en el nivel federal, se puede conocer hasta la marca de agua que compran los funcionarios y el precio que pagan por ella, en cambio no ocurre así con los partidos políticos, cuya opacidad debe terminar, obligándolos a abrirse al acceso informativo, algo que tratan de evitar injustificadamente, precisamente desde el Congreso de la Unión.
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