Radar Político 06/agosto/07

   

Lic. Joel Sánchez Rodríguez  

LA LIBRARON…
Los presidentes municipales de Mineral de la Reforma y de Tulancingo de Bravo, libraron las acusaciones en su contra para que el primero, fuera sujeto de un Juicio Política y para que el segundo, fuera desaforado y separado del cargo, como lo demandaban algunos particulares.
Alejandro Islas Pérez fue acusado por dirigentes de la organización “Todos Unidos por Mineral de la Reforma”, de haber incurrido en actos de nepotismo al designar a uno de sus primos como director del DIF-Municipal durante cuatro meses, pero la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados, consideró que tal nombramiento no causó ningún perjuicio al erario ni a la administración pública y que tampoco significó violentar el orden jurídico, menos cuando su familiar fue separado del cargo antes de iniciarse el proceso.
El ex-candidato panista a la presidencia municipal de Mineral de la Reforma, Hugo Escamilla, aspirante a lograr una vez más la postulación pero ahora por el PRD, se queda con las ganas de enjuiciar políticamente a Alejandro Islas, pero de todos modos no hay que perder de vista este asunto, pues el edil asegura que todo se debe a intentos de extorsión en su contra y a su decisión de no ceder a las exigencias de “Todos Unidos por Mineral de la Reforma” de otorgarles algunas plazas en el Ayuntamiento.
NO AL DESAFUERO…
Los diputados al Congreso del Estado dijeron también no, de manera unánime, a la solicitud de declaración de procedencia en contra del presidente municipal de Tulancingo, Ricardo Bravo Delgadillo (RBD), presentada ante la LIX legislatura por el señor Antonio Remedios López, quien responsabiliza al edil, de lo que asegura fue un despojo y robo por parte de la autoridad, al haber sido desalojado de su vivienda y derruida esta, bajo el argumento de que se encontraba en un área verde que forma parte del patrimonio público.
Remedios López a quien se le vincula con personajes del PRI, concretamente con la diputada federal Oralia Vega Ortiz, denunció al alcalde perredista, pero no por el asunto de su vivienda, sino por lo que a su juicio la administración municipal ha incurrido en la “no realización de obra pública en el municipio, nepotismo y malversación de las ganancias producto de la concesión de espacios para la feria anual”, situaciones que esta persona no pudo probar.
Ante la falta de elementos y la ausencia de una denuncia penal que sustentara su acusación, el Congreso decidió desechar el asunto por carecer de documentación comprobatoria y porque solo la Procuraduría puede solicitar la procedencia sustentándose en una averiguación previa debidamente integrada y solo cuando el Ministerio Público tenga por “comprobado el cuerpo del delito y establecida la probable responsabilidad del indiciado”.
NO LA LIBRO…
Quien no la libró y ya se encuentra tras las rejas, es el ex-presidente municipal de La Misión, Gabriel Hernández Lozano, al que después de casi dos años de andar a salto de mata, agentes de la Policía Ministerial hidalguense lograron echarle el guante en el municipio de Tlalnepantla, estado de México, donde se había refugiado para evadir la acción de la justicia y fue puesto a disposición del Juez Penal que lo reclamaba para sujetarlo a un proceso penal por el delito de peculado en agravio de la administración pública por más de cinco millones de pesos que no logró comprobar en la cuenta pública del 2003.
Con la detención de Hernández Lozano, son seis los ex-presidentes municipales que han sido detenidos y llevados a prisión por el desvío de recursos públicos, pero para desgracia de los hidalguenses, no son los únicos acusados y son muchas las averiguaciones previas que se encuentran en proceso de integración en contra de ex-alcaldes que igualmente se beneficiaron del erario y desviaron a su favor muchos millones de pesos.
Sobresale el caso del ex-edil de Huejutla de Reyes, el panista José Alfredo San Román Duval, a quien no le fueron aprobadas las cuentas de ninguno de los tres años de su gestión y aunque fue objeto de desafuero, logró sustraerse de la justicia y que pareciera gozar de impunidad, pues aunque se le ha visto paseándose libremente por la Huasteca y alguna vez fue asegurado por los vecinos, no hay policía que logre su detención como si alguien lo protegiera.
GUERRA SUCIA…
Conforme se acerca la fecha en la que los panistas habrán de renovar a su comité directivo estatal o reelegir como su presidente a Guillermo Bernardo Galland Guerrero, la guerra sucia entre los grupos que se disputan el control del PAN en Hidalgo se intensifica y en las últimas semanas suman tres los panfletos que por correo electrónico se hacen llegar a las redacciones de los medios de comunicación, con acusaciones, -algunas severas- en contra del actual dirigente y sus incondicionales.
El 20 de julio un escrito presuntamente firmado por Paola Contreras Hernández, hizo llegar a las redacciones, una acusaciones en contra de Galland Guerrero, señalando beneficios que supuestamente ha obtenido el dirigente panista por parte del Instituto Estatal del Transporte que se afirma, le ha otorgado concesiones de transporte público y se dice que incluso uno de sus hermanos maneja una de los taxis que se asegura son de su propiedad.
Una semana después, un grupo que se autonombra “defensores de la verdad”, también recurrió a los panfletos pero teniendo como “blanco” al diputado federal Lorenzo Ludlow Kuri, a quien cuestionan su gestión legislativa y el qué ha hecho con las utilidades obtenidas por la supuesta venta de despensas, sillas de ruedas y centenares de lentes que se dice ha recibido en donación y que él vende.
Y LOS AUTORES…
La guerra sucia panista alcanza ya a otros personajes del comité, en el primer escrito de “Paola Contreras” se pone en entredicho a la diputada local Irma Beatriz Chávez Ríos, a su esposo el consejero “ciudadano” del Instituto Estatal Electoral, Alejandro Fosado Martínez, al ex-secretario general Raymundo Bautista Pichardo y a la delegada del IMSS en Hidalgo, Marisol Vargas Bárcena.
Pero este 4 de agosto, tocó el turno a Juan Alejandro Enríquez Pérez, secretario de organización y presidente de la Comisión de Orden del partido, cuya historia de juventud ha salido a relucir, sobretodo su presunta detención por robo de auto estéreos en el municipio de Zimapán, en el que se afirma que también fue responsable de un homicidio imprudencial y se le acusa hasta de extorsión, describiéndolo como ratero, asesino y extorsionador.
De los autores de la panfletisa poco o nada se sabe, pero no es difícil saber el de donde provienen, pues basta con que se observe que todos los ataques, ciertos o falsos, van en contra de Guillermo Galland, Daniel Ludlow y sus seguidores, pero ni por equivocación ni por estrategia tocan a sus grupos opositores, concretamente a uno con el que se disputan la dirigencia y control del partido, que ya deja ver que tienen acceso a información muy especial, como lo es la lista de beneficiarios con concesiones y los antecedentes penales de algunas personas.
Dicha información, solo está al alcance de las esferas gubernamentales y no son muchos del PAN los que cuentan con vínculos en el círculo oficial que les faciliten esos datos.
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