Joel Sánchez Rodríguez
Alma Paz Gómez
Pachuca de Soto, Hgo.- Por lo menos 50 procedimientos de nulidad en contra de las multas que la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil Municipal de Pachuca ha impuesto a través de la operación del Cinemómetro, han sido interpuestas en las últimas semanas ante el Tribunal Fiscal Administrativo (TFA) del Poder Judicial del Estado de Hidalgo.
Las demandas han sido iniciadas de manera individual por ciudadanos que se han inconformado por lo que consideran una “violación a su garantía de audiencia” al imponerse una sanción mediante la operación de radares para medir la velocidad de los automóviles en los principales bulevares de la capital del estado.
De a cuerdo a cuerdo a información recabada en el Tribunal Fiscal Administrativo, integrado por el magistrado presidente Prisciliano Diego Gutiérrez Hernández, Octaviano Chávez Bustos y Percys Susana Cravioto Luna, la mayoría de estas demandas son por la inconformidad generada en un sector de la ciudadanía, por el programa de control de velocidades máximas en bulevares y avenidas.
Sin embargo se sabe que adicional a ello, la Oficialía de Partes del TFA, también ha recibido una serie de demandas en contra del Consejo Estatal de Ecología (COEDE), debido a que en diversos puntos de la ciudad, el organismo ha ubicado retenes para supervisar vehículos y aplicar multas a quienes conducen automóviles sin el holograma de verificación vehícular, lo que algunas Barras y Colegios de Abogados han calificado como ilegal.
Fuentes al interior del Tribunal, señalaron que la mayoría de las demandas interpuestas en contra de las sanciones por el controvertido operativo radar, están motivadas porque las personas infraccionadas afirman no haber incurrido en la falta que les imputan, algunos alegan el ya no ser propietarios de los vehículos motivo de la sanción, cobro excesivo, falta de información respecto al programa de control de velocidad o simplemente el no rebasar los límites de velocidad marcados.
En lo que respecta al Consejo Estatal de Ecología, se asegura que es indebido el cobro de una sanción por no portar el holograma, pues cuando una persona tramita su verificación extemporáneamente, adicional al pago normal, se le cobran recargos por la demora.
Lo anterior significa que se le cobra doble sanción a los infractores por una misma conducta, al imponerles recargos y una multa por el mismo hecho, además de que para los operativos, el COEDE utiliza vehículos que simulan ser patrullas, lo que podría constituir otro abuso adicional.
Por lo pronto las cerca de 50 demandas interpuestas recientemente, se encuentran en integración ante la Primera Instancia del tribunal, en la que el análisis esta a cargo del magistrado Octaviano Chávez Bustos, quien a fin de allegarse pruebas, podrá requerir a las autoridades un informe justificado de su proceder, realizar audiencias con las partes de manera conjunta o por separado y ello lo facultará para emitir una resolución individual para cada asunto.
Organizaciones civiles como el Barzón y el Partido Acción Nacional, también promueven la interposición de denuncias con motivo del cinemómetro.
Entre otras dependencias, adicional a la SSPyPCM y el Coede, también acumula demandas ante el Tribunal Fiscal Administrativo, el Instituto Estatal del Transporte (IET) por diversos motivos.
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