Joel Sánchez Rodríguez
Pachuca de Soto, Hgo.- En un hecho sin precedente en Hidalgo, el recién creado Consejo de la Judicatura del Estado, determinó la destitución de un Juez de primera instancia en materia penal por haber incurrido en delitos contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos y la inhabilitación de una Ex-juez de lo familiar para ocupar cargos en la administración pública en los próximos cinco años.La determinación fue asumida por el órgano colegiado que encabeza el ex-magistrado Silverio Alfredo Santillán Ortiz y que integran Diana Mota Rojas y Alberto Severino Jaén Olivas, quienes consideraron que la ex-juez tercero de la familiar adscrita al distrito judicial de Pachuca, María Guadalupe Mejía Pedraza, incurrió en negligencia grave en el caso de la muerte de la niña Danae Paola Hernández Flores, cuya custodia fue otorgada por ella a la madre de la menor Jazmín Flores Aguilar a pesar del maltrato que recibía.Recientemente el Poder Judicial dio a conocer, la separación voluntaria de la Juez Guadalupe Mejía Pedraza, quien decidió renunciar al cargo que ostentaba ante la aparente negligencia en la que había incurrido en el ejercicio de sus funciones, sin embargo el Consejo de la Judicatura, anunció que la renuncia no eximía a la abogada, de las sanciones administrativas establecidas en la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos y el artículo 156 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se podría llegar a la inhabilitación, lo cual se confirmó este jueves 8 de febrero.Como se recordará en los hechos donde perdió la vida a finales del 2006 la niña Danae Paola de 4 años de edad, su abuela por Olga Aguilar Cervantes, denunció que la menor sufría maltrato por parte de su madre Nancy Flores y su padrastro Alberto Guerrero, conociendo la situación la juez Mejía Pedraza, quien pese a ello resolvió negar la custodia y patria potestad a su padre Eusebio Hernández, lo que finalmente le costó la vida a la infante.La muerte de la menor provocó la indignación de la ciudadanía hidalguense en virtud de que la abuela denunció negligencia por parte de diversos organismos como el sistema municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el Centro de Atención a Víctimas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Procuraduría de la Defensa del Menor y más tarde se supo de la participación de la juez en el asunto, lo que motivó su inhabilitación hasta el año 2012.Por otra parte el organismo que preside la magistrado Alma Carolina Viggiano Austria, determinó la destitución del juez del distrito judicial de Apan, Daniel Román Arteaga, por delitos contra la administración de justicia, pues se estima que el juzgador no se apegó a la normatividad legal para sentenciar un asunto de abigeato, asociación delictiva y robo.Por ello la Contraloría Interna del Tribunal Superior de Justicia a cargo de Irma Ramírez Flores, integró el expediente 29/2006, en el que se afirma que Daniel Román dejó en libertad sin contar con los elementos para ello, a los delincuentes Víctor Reyes Gutiérrez, Gonzalo Reyes Vega, Rubén López y Víctor Manuel Arroyo.Román Arteaga fue denunciado ante la contraloría por los señores Bernardo Fabián López Salas, Alejandro y Víctor Rodríguez López, Roque Arroyo Castro, José Pedro Olvera López y Juan Carlos Muñoz Romero, este último al parecer hermano de la ex-presidenta municipal y actual diputada local por el distrito de Apan, Guadalupe Muñoz.Vale la pena señalar que con la resolución de los casos de Maria Guadalupe Mejía Pedraza y Daniel Román Arteaga por parte del Consejo de la Judicatura del Estado, quedan aún pendientes por resolver otras 19 denuncias en contra de servidores públicos del Poder Judicial, cinco de ellas relativas a jueces del fuero común y 14 para secretarios y actuarios.